Detuvieron a Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, por corrupción

La Cámara de Casación de Paraná ordenó la detención del exmandatario, quien había sido condenado en 2022 a ocho años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública.

El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue detenido tras una orden de la Cámara de Casación de Paraná, que dispuso el cumplimiento efectivo de su condena a ocho años de prisión por corrupción. La sentencia, emitida en 2022, lo acusó de utilizar fondos públicos para fines personales y campañas electorales.

El fallo fue firmado por las vocales Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, quienes consideraron probadas las maniobras ilícitas de Urribarri, incluido un esquema de retornos y contrataciones fraudulentas. 

Los delitos que llevaron a la condena

Entre las irregularidades atribuidas a Urribarri, se destacan:

  • Contrataciones fraudulentas: Más de $28 millones destinados a la organización del encuentro de presidentes del Mercosur en 2014.
  • Pautas publicitarias y un parador en Mar del Plata: Gastos superiores a $14 millones para promocionar su precandidatura presidencial en 2015.
  • Esquema de retornos: Utilización de imprentas vinculadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, para desviar fondos públicos.

Aguilera fue condenado a seis años y medio de prisión por su participación en estos delitos, mientras que el exministro Pedro Báez recibió una pena de seis años.

Riesgo de fuga y medidas preventivas

La fiscalía fundamentó el pedido de prisión preventiva en el riesgo de fuga, argumentando que Urribarri y sus colaboradores cuentan con recursos económicos y vínculos en el extranjero. "Han demostrado facilidades para ocultarse o abandonar el país", señalaron los fiscales.

Tras el rechazo inicial de la Cámara, la fiscalía apeló y finalmente se ordenó la captura del exgobernador, quien fue trasladado a la Unidad Penal 1 de Entre Ríos.

Urribarri, quien había sido designado embajador en Israel por el gobierno de Alberto Fernández en 2020, renunció al cargo tras ser condenado en primera instancia. 

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