Dictámenes patrimoniales, recursos administrativos y acusaciones cruzadas entre organismos del propio Estado provincial han dejado al descubierto un conflicto institucional que lleva años. La disputa involucra al Ministerio Público Fiscal (MPF), al Ente Cultural y a la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural por una obra que desafía tanto la ley como el contexto económico actual.