Modificaciones en el Tribunal de Cuentas: las opiniones de Vargas Aignasse y Romano Norri

Los legisladores provinciales debatieron sobre sobre posibles modificaciones a este organismo de contralor. Uno de los principales puntos de discusión es la jerarquía constitucional y el mandato vitalicio de sus miembros, condiciones que algunos consideran pueden no garantizar la mejor gestión y transparencia.

Gerónimo Vargas Aignasse, legislador tucumano, hizo hincapié en la necesidad de implementar controles más rigurosos para los miembros del Tribunal: "Tras la reforma del 2006, el Tribunal de Cuentas tiene jerarquía constitucional y mandato vitalicio mientras dure su buena conducta, lo cual personalmente creo que no debería ser una carta blanca para actuar sin control. Considero que deberíamos establecer un control psicofísico permanente para quienes ocupan cargos vitalicios y exigirles capacitación continua".

Aignasse también señaló preocupaciones sobre la conducta de algunos magistrados: "Aquí hay casos de magistrados que protagonizaron incidentes públicos, mostrando falta de autocontrol, lo cual hace extremadamente peligroso confiarles la administración de los recursos y bienes de los tucumanos".

Por su parte, Agustín Romano Norri, otro legislador tucumano, propuso un sistema de elección para los organismos de contralor basado en las minorías parlamentarias: "Creo firmemente que tanto el oficialismo como la oposición tienen responsabilidad en la elección de estos organismos. Propongo que el Tribunal de Cuentas, al igual que los entes reguladores y el Defensor del Pueblo, sean elegidos por las primeras y segundas minorías, reflejando así la representación parlamentaria obtenida en las últimas elecciones".

Romano Norri destacó la importancia de seguir modelos exitosos a nivel nacional: "Podríamos considerar un sistema similar al de la Auditoría General de la Nación, que demostró ser efectivo. Si vamos a reformar, debemos pensar en cómo mejorar la transparencia y facilitar el acceso a la información pública para los tucumanos. Nuestra legislación constitucional debe estar orientada hacia el futuro y hacia la mejora continua de la gestión pública".