La Justicia ordenó al Gobierno detallar la distribución de alimentos en comedores en 48 horas

En plena feria judicial, el juez en lo contencioso administrativo federal, Martín Cormick, dictaminó que el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, debe informar en un plazo máximo de 48 horas cómo garantizará el derecho a la alimentación en los comedores populares. 

Esta decisión surge tras la cautelar emitida por el juez Walter Lara Correa, quien había ordenado previamente que se mantengan los planes de alimentos vigentes.

"Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, íntimese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución", indica el fallo al que tuvo acceso Infobae.

La resolución se refiere a la medida cautelar de Lara Correa, que respondió a un recurso de amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Estas organizaciones demandaron la garantía del derecho a la alimentación en los comedores, en un contexto donde acusaron al gobierno de discontinuar la entrega de alimentos.

Lara Correa había establecido: "El Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes", permitiendo al Poder Ejecutivo revisar y auditar los programas siempre que esto implique mejoras.

Desde el Ministerio de Capital Humano, afirmaron que la resolución "reconoce el trabajo que se viene realizando". Argumentaron que los fundamentos del juez Lara Correa podrían utilizarse para rechazar la medida cautelar, validando la implementación actual de los programas y reconociendo la necesidad de auditar y reestructurar las medidas adoptadas por la gestión anterior.

La semana pasada, Cormick habilitó la feria judicial para avanzar con la causa, y este lunes dictaminó el plazo de 48 horas para que el Ministerio de Capital Humano presente su plan de distribución de alimentos. "En el caso median circunstancias suficientemente excepcionales al efecto para tener por configurada la urgencia exigida para habilitar la feria judicial", sostuvo el magistrado.

La causa, que inició a principios de año, fue impulsada por organizaciones que señalaron la discontinuidad en la entrega de alimentos a comedores y merenderos, y reclamaron la continuidad de las políticas sociales. Esta denuncia se transformó en un amparo colectivo, invitando a más organizaciones a sumarse.

En paralelo, Juan Grabois inició una denuncia penal contra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras descubrirse casi 5 toneladas de alimentos almacenados en galpones de Buenos Aires y Tucumán, muchos con fechas de vencimiento cercanas. El juez federal Sebastián Casanello ordenó al gobierno presentar un plan para distribuir estos alimentos.

La apelación del Ministerio de Capital Humano fue ratificada por la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal. Sin embargo, el gobierno llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la distribución de alimentos es una decisión política que no debería judicializarse.