El reciente anunció del Gobierno sobre el posible cobro de aranceles a estudiantes extranjeros no residentes en universidades públicas generó una ola de cuestionamientos desde distintos sectores educativos. Según el sistema actual, quienes deseen inscribirse en una universidad pública deben contar con residencia temporaria o permanente, lo que, de hecho, ya excluye a los extranjeros no residentes.

Además, los datos oficiales indican que apenas el 4,3% de los estudiantes en universidades públicas son extranjeros, una cifra inferior al porcentaje de habitantes extranjeros en el país (4,5% según el Censo 2022). Esto sugiere que, lejos de sobrecargar el sistema, los estudiantes extranjeros que residen en Argentina ya contribuyen al financiamiento estatal mediante impuestos.

Las universidades critican la falta de claridad y el enfoque económico

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, cuestionó la medida señalando que "parece que el único tema para debatir en educación está relacionado con el dinero". En sus declaraciones, Moriñigo también destacó que implementar este cambio implicaría modificaciones legales y en la política migratoria. Por su parte, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, pidió al Gobierno que presente un proyecto concreto para analizar el alcance real de la propuesta. "Una medida de esta naturaleza no resuelve el problema del financiamiento universitario", afirmó.

Reacciones sindicales: denuncias de discriminación y "barbarie política"

El Sindicato de Docentes de la UBA (FEDUBA) fue contundente en su rechazo, calificando la medida como una "acción discriminatoria" y en contra de la Constitución Nacional. En un comunicado, describieron la iniciativa como parte de "ideologías fascistas y ultrareaccionarias" que amenazan el acceso igualitario a la educación y salud en el país.

¿Qué busca el Gobierno con esta medida?

Manuel Adorni, vocero presidencial, explicó que el objetivo es generar nuevas fuentes de financiamiento para las universidades públicas. Según el funcionario, esta modificación permitiría a las casas de estudio cobrar aranceles a estudiantes no residentes y terminar con la gratuidad de ciertos servicios, como la atención médica, para extranjeros en el país. Sin embargo, el anuncio aún carece de detalles sobre su implementación, lo que ha profundizado el debate sobre el alcance y la viabilidad de la propuesta.

El anuncio del Gobierno ha desatado un profundo debate sobre el acceso a la educación y la salud en Argentina, con posturas enfrentadas entre quienes ven en estas medidas una forma de aliviar las finanzas públicas y quienes defienden el principio de gratuidad como un pilar del sistema educativo nacional.