Argentina condenó la orden de captura contra Edmundo González Urrutia

El Gobierno argentino condenó enérgicamente la orden de captura emitida por la fiscalía venezolana contra el excandidato opositor Edmundo González Urrutia, quien es acusado de múltiples delitos tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio. Estas elecciones fueron ampliamente catalogadas como "fraudulentas" por la comunidad internacional.

A través de un comunicado oficial publicado en la cuenta de X del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Argentina expresó: "La República Argentina no permanecerá indiferente ante las infames acciones de la dictadura de Maduro y continuará apoyando a su pueblo en su batalla por recuperar la democracia". 

El comunicado, titulado "Venezuela: la República Argentina condena la orden de aprehensión contra el ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia", enfatiza el rechazo del país hacia la solicitud de aprehensión del opositor por parte del régimen venezolano.

"El chavismo ya ni disimula ser un régimen totalitario. Maduro acaba de ordenar el arresto contra el presidente electo de Venezuela. El inevitable fracaso del socialismo termina siempre en dictadura", declaró la canciller argentina Diana Mondino, reafirmando la postura crítica del gobierno argentino hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

La fiscalía venezolana, a través de una copia divulgada en sus redes sociales, solicitó a un tribunal con competencia en terrorismo la orden de captura de González Urrutia por varios cargos, entre ellos "conspiración", "forjamiento de documento público" y "sabotaje". Según las autoridades venezolanas, Urrutia no se presentó ante la Justicia durante tres citaciones previas, lo que motivó la orden de captura.

El opositor no apareció públicamente en las últimas semanas, y tanto él como la líder opositora María Corina Machado denunció ser víctimas de persecución política por parte del régimen. 

La orden de captura se produce después de que Maduro exigiera que ambos líderes fueran detenidos por su negativa a reconocer los resultados electorales, responsabilizándolos también de los episodios violentos ocurridos durante las protestas postelectorales que dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2400 detenidos.