Ariel Lijo intervendrá en la denuncia por irregularidades en el Ministerio de Capital Humano
El juez designado por el Gobierno como el indicado para integrar la Corte Suprema tendrá a cargo la causa por "averiguación de delito".
Luego del escándalo por presuntas irregularidades en la contratación de personal en el Ministerio de Capital Humano, el Gobierno presentó una denuncia a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la cual fue asignada al juez Ariel Lijo. Este juez, recientemente nombrado por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema, será el encargado de investigar el caso.
La denuncia, formulada por la subsecretaria de Legales de Capital Humano, Leila Gianni, fue sorteada y registrada bajo el número 2098/2024. La causa, caratulada como "averiguación de delito", será intervenida por el fiscal Ramiro González.
En el documento se menciona un presunto pago de sobresueldos a través de contrataciones de personal mediante un convenio con la OEI.
Además, la ministra Sandra Pettovello ha iniciado un sumario administrativo y derivado el caso a la Oficina Anticorrupción.
Denuncia contra Pettovello y otros funcionarios
En paralelo, se han presentado denuncias contra la ministra Pettovello, el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo María de la Torre, y el director de la OEI, Luis María Scasso. Las acusaciones incluyen asociación ilícita, desvío de fondos y pago de sobresueldos por contrataciones sospechosas.
La asociación civil Arco Social argumentó que alrededor de cien personas fueron contratadas bajo la apariencia de empleo, pero nunca prestaron servicios. Los fondos destinados a estas contrataciones habrían sido desviados para el pago de sobresueldos y la compra de dólares en el mercado ilegal, causando una considerable afectación a las arcas del Estado Argentino.
Según la denuncia, los contratos realizados a través de la OEI ascenderían a $1.000 millones, con $645 millones autorizados por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Pettovello. Además, en enero, se habrían girado otros $395 millones.
La investigación ahora está en manos del juez Lijo y el fiscal González, quienes deberán esclarecer las presuntas irregularidades y determinar las responsabilidades correspondientes.
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