Axel Kicillof sobre el caso de CFK: "Representa un hecho de una inmensa gravedad institucional"
El gobernador de Buenos Aires cuestionó duramente al Poder Judicial ante la posible confirmación de condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
Axel Kicillof salió a apoyar a Cristina Kirchner, en los días previos de conocerse el fallo de la Justicia. En una declaración, el gobernador de Buenos Aires criticó el proceso judicial en curso contra la exvicepresidenta, a quien considera víctima de "una persecución política, judicial y mediática". Kicillof hizo alusión a un "escándalo jurídico" que, según sus palabras, establece un "derecho fantasía o derecho ficción" al basarse en acusaciones sin pruebas concretas.
El gobernador argumentó que en los expedientes no hay "ni una sola prueba ni un solo delito" que justifique la acusación y que, además, las funciones administrativas de la exmandataria no la habilitaba a tomar las decisiones en cuestión. "Estamos frente a un delito que no existió, achacado a una persona que no tenía posibilidad de cometerlo", remarcó el mandatario.
UNA SENTENCIA QUE "YA ESTÁ ESCRITA", SEGÚN KICILLOF
Para Kicillof, la condena en la causa Vialidad es parte de un esquema premeditado: "Nos anuncian en los diarios la sentencia, como si estuviera ya escrita", dijo el gobernador, refiriéndose a que la Cámara de Casación podría ratificar este miércoles la condena contra Kirchner. Esta situación, explicó, se enmarca en una estrategia que utiliza el aparato judicial para influir en la imagen pública de los líderes del "campo popular".
Kicillof también hizo referencia a la imparcialidad de los jueces asignados, cuestionando sus conexiones pasadas con el expresidente Mauricio Macri, y criticó que, pese a estos vínculos, se presenten como figuras "neutrales y objetivas".
"UNA HERRAMIENTA DE DISCIPLINAMIENTO Y PROSCRIPCIÓN"
Más allá de lo legal, Kicillof señaló que el objetivo final es disciplinar a quienes buscan aplicar políticas determinadas, subrayando que la sentencia incluiría la prohibición de ocupar cargos públicos, lo cual considera "persecución política y proscripción". Recordó que la causa se remonta a 2016, cuando un funcionario de la administración de Macri, Javier Iguacel, promovió una auditoría que, en palabras del gobernador, fue "vergonzosa e infundada" desde el inicio.