El gobierno boliviano manifestó su preocupación por el reciente anuncio del gobierno de Salta, Argentina, sobre la instalación de un cerco de 200 metros en la frontera entre ambos países. Este alambrado, que se emplazará en la localidad de Aguas Blancas, en Salta, tiene como objetivo frenar el contrabando y generar mayores controles sobre la circulación de personas entre los dos países. Sin embargo, las autoridades bolivianas han rechazado la medida, señalando que cualquier acción unilateral podría afectar las relaciones de buena vecindad y convivencia pacífica entre ambos pueblos.

El comunicado de la cancillería boliviana

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia emitió un comunicado oficial en el que expresó su preocupación por el cerco fronterizo, manifestando que "los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común". Además, la cancillería boliviana recordó que "cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos".

El gobierno de Bolivia añadió que solicitará información sobre la medida a través de canales diplomáticos y ratificó su apoyo al diálogo constructivo para resolver los asuntos de interés mutuo. El ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, también intervino en la controversia, afirmando que la instalación del cerco podría violar los tratados internacionales. En este sentido, Siles instó a la ONU y a la OEA a que intervengan y, a su vez, pidió al presidente argentino, Javier Milei, que reflexione sobre la situación.

El cerco de 200 metros se instalará en la localidad de Aguas Blancas, en Salta, una zona clave debido a su proximidad a Bolivia. Este alambrado se ubicará entre la terminal de micros y los puestos de control del Puerto de Chalanas. Su objetivo es evitar el paso ilegal de personas y contrabando, y se enmarca dentro del Plan Güemes impulsado por el Ministerio de Seguridad de Argentina, liderado por Patricia Bullrich.

El alambrado se instalará en el mismo lugar donde actualmente se coloca un murallón preventivo cuando el río Bermejo crece. Esta obra será financiada por la provincia de Salta, con la supervisión de la Nación. El cerco busca garantizar que los desplazamientos entre ambos países se realicen de manera legal, con los controles migratorios y aduaneros correspondientes.

El Plan Güemes tiene como objetivo intensificar los controles en las fronteras del norte argentino, especialmente en áreas críticas como el departamento de Orán y Aguas Blancas, que tienen una conexión estratégica con Bolivia. Los objetivos del plan incluyen combatir el narcotráfico, el contrabando, y la trata de personas, además de mejorar el control fronterizo y las capacidades de análisis criminal.

Como parte de esta estrategia, el gobierno argentino desplegará 310 efectivos de fuerzas federales en los puntos críticos de la frontera, como el río Bermejo y la Ruta Nacional 34, conocida como la "Ruta de la Droga". También se busca desarticular redes criminales en la zona y formalizar las actividades laborales informales. La implementación del plan incluye la colaboración interinstitucional entre autoridades provinciales y federales para coordinar esfuerzos en la investigación y prevención de delitos.

La decisión de instalar el cerco en la frontera generó tensiones entre los gobiernos de Argentina y Bolivia, y la situación sigue siendo un tema delicado en la relación bilateral. Aunque las autoridades argentinas defienden la medida como una solución a los problemas de seguridad en la frontera, Bolivia insiste en que la medida debe ser tomada en cuenta en un marco de diálogo y cooperación mutua, conforme a los tratados internacionales que rigen las relaciones entre ambos países.

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