El Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, ha anunciado que apelará la medida cautelar dictada por el juez Martín Cormick. La decisión judicial prohíbe al Gobierno suspender los programas sociales a aquellos beneficiarios que participen en manifestaciones y actos violentos.

En una conferencia de prensa realizada este miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni detalló que el Gobierno continuará con su estrategia de hacer llegar la ayuda social directamente a las personas que realmente lo necesiten, sin intermediarios ni extorsiones. 

"El objetivo es garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo requieren y no a aquellos que buscan aprovecharse de la situación", explicó Adorni.

¿Por qué el gobierno apela la decisión judicial?

Según el comunicado oficial, el fallo del juez Cormick considera que la exclusión de beneficiarios por participar en actos violentos podría atentar contra el derecho a la asistencia social, afectando a personas en situaciones vulnerables. Sin embargo, el Gobierno sostiene que tal medida no vulnera derechos fundamentales, sino que busca frenar las prácticas de extorsión por parte de grupos que utilizan a los más necesitados para promover actos de violencia a cambio de planes sociales.

"La verdadera injusticia es que los recursos destinados a la asistencia social sean manipulados por mafias que obligan a las personas a participar en marchas para obtener un plan. Este tipo de comportamiento debe ser erradicado", manifestó Adorni.

El comunicado de Capital Humano: el Gobierno defiende sus políticas sociales

En un comunicado emitido por la cartera a cargo de Pettovello, se critica la resolución judicial, que según el Ministerio, permite que quienes alteren el orden público sigan cobrando planes sociales. La misiva señala que la medida cautelar es perjudicial y que la exclusión de beneficiarios debe ser una herramienta legítima para garantizar que quienes reciban asistencia no estén involucrados en actividades ilegales o violentas.

"La decisión del juez parte de un prejuicio y no tiene base en hechos concretos o pruebas claras. Además, se soslaya la posibilidad de recurrir la decisión administrativa, lo que vulneraría el derecho de los ciudadanos a defenderse", se explica en el escrito.

La cartera de Capital Humano también destaca que su principal objetivo es evitar la manipulación de colectivos sociales con fines espurios y extorsivos. En este sentido, aseguran que seguirán luchando por la transparencia en la distribución de los recursos.