La investigación sobre las acusaciones de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández ha enfrentado un obstáculo significativo. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, a cargo del fiscal Ramiro González, ha encontrado problemas para acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos durante el periodo en cuestión, entre 2021 y 2023.

Las fuentes informan que, debido a limitaciones técnicas, el sistema de cámaras de seguridad en la residencia presidencial solo almacenaba videos por un período máximo de 35 días. Dado que las grabaciones se sobreescribían automáticamente cuando el almacenamiento se llenaba, la capacidad de conservar registros fílmicos detallados se limitaba a poco más de un mes, dependiendo de la calidad de las imágenes.

Durante el gobierno de Fernández, las cámaras grababan en alta definición para facilitar el reconocimiento de las personas. Sin embargo, esta alta definición también acentuaba el problema del almacenamiento limitado. 

Los registros visuales que podrían haber corroborado los episodios denunciados por Fabiola Yañez, como agresiones físicas, ya han sido borrados.

La Fiscalía había solicitado al Gobierno información detallada, que incluye la nómina del personal doméstico de Olivos, datos sobre el personal que acompañó a Yañez en un viaje a Misiones en julio de 2021, y constancias de atención médica en la residencia. A pesar de la falta de imágenes, el Gobierno deberá proporcionar estos otros registros.

Fabiola Yañez ha declarado anteriormente sobre los problemas en su relación con Fernández y ha mencionado que se mudó a la casa de huéspedes para evitar escándalos públicos mientras la situación se deterioraba.

Victoria Tolosa Paz, diputada de Unión por la Patria y ex aliada cercana del expresidente, ha expresado su preocupación por la situación, destacando la gravedad del asunto y la responsabilidad de Fernández en su conducta tanto en lo privado como en lo público.

La investigación continuará con los datos y pruebas que sí están disponibles, mientras la falta de registros fílmicos representa un desafío considerable para la verificación de los eventos denunciados.