En la investigación sobre el desvío de fondos públicos por parte del Polo Obrero, el juez federal Sebastián Casanello reveló nuevos detalles sobre la operación de empresas ficticias utilizadas para canalizar dinero destinado a planes sociales. Según el fallo del juez, las empresas implicadas, como Coxtex SA, Urban Graphics SA y Ricoprint SRL, no tenían un giro comercial real y sirvieron como vehículos para la emisión de facturas apócrifas.

Las pesquisas demostraron que estas firmas no sólo eran fachada para generar facturación falsa, sino que además sus responsables eran meros prestanombres. Estas empresas simularon la entrega de productos y servicios para justificar gastos que en realidad no existieron, desviando los fondos públicos hacia fines privados.

El Polo Obrero, junto con la Cooperativa El Resplandor, obtuvo más de 361 millones de pesos destinados al plan social Potenciar Trabajo. La investigación reveló que la simulación de gastos y la presentación de facturas apócrifas fueron fundamentales para el desvío de estos fondos. El juez Casanello ha destacado que las facturas presentadas contenían números de expedientes administrativos incorrectos, lo que permitía ocultar el verdadero uso del dinero y evitar advertencias por parte de las autoridades.

La firma Coxtex SA, en particular, fue señalada como una "usina de facturas truchas". Esta empresa, que nunca presentó declaraciones juradas ni acreditaciones bancarias, solo parecía existir para generar comprobantes falsos. Los socios formales de Coxtex, Mariana Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, fueron identificados como personas utilizadas por terceros para constituir la empresa y realizar gestiones a cambio de pagos periódicos.

La investigación también puso bajo la lupa a los profesionales Juan Bautista Derrasaga, Gabriela Anahí Rivero, Lucía Agundez y Virgilio Mario Vivarelli, quienes intervinieron en la constitución de estas empresas. Se sospecha que estos individuos actuaron a pedido de alguien más, como prestanombres en una red de corrupción más amplia.

El juez Casanello y su equipo han llevado a cabo allanamientos y han secuestrado teléfonos y computadoras para profundizar en la investigación. Los documentos obtenidos revelan que los cheques emitidos por Coxtex fueron redistribuidos a otras firmas, como la imprenta Rumbos y la empresa Makosen SRL, implicadas en el desvío de fondos.