Causa Seguros: la Justicia embargó $105 millones al broker Héctor Martínez Sosa

El juez federal Julián Ercolini embargó más de $105 millones en comisiones que el Estado nacional le adeuda a Héctor Martínez Sosa, broker de seguros y esposo de la exsecretaria de Alberto Fernández, María Cantero. Martínez Sosa está acusado de encabezar una presunta red de corrupción en la que estarían involucrados altos funcionarios del gobierno anterior, vinculados a contrataciones irregulares con aseguradoras de organismos públicos.

El embargo se enmarca en la causa por supuesta defraudación al Estado a través de Nación Seguros. Los montos embargados corresponden a pagos de contratos firmados el año pasado. "Resuelvo decretar el embargo preventivo de las comisiones pertenecientes a las pólizas del sector público, comprendidas en el Decreto 823/21, respecto a Héctor Martínez Sosa & Cía. S.A., por la suma de $105.841.439,66", detalló el magistrado.

Además del embargo a Martínez Sosa, la medida judicial alcanza a otras nueve personas y empresas vinculadas al caso. Entre ellas, Castello Mercuri S.A., por $1.283.175,79; Paris Broker de Seguros S.A., por $46.501,42; Bri Brokers S.A., con un embargo de $51.891.434,01; y Net Broker S.A., por $13.274.722,76. También fueron afectados Emanuel Raúl Andrés Calvo ($5.314.258,32), Laura Elena Crisafulli ($686.922,53), Norberto Matías Garrido ($2.736.613,92) y Javier Marcelo Rodríguez Gómez ($490.836,35).

La respuesta de Alberto Fernández

En medio de las investigaciones, el expresidente Alberto Fernández denunció una "persecución política" en su contra y negó haber favorecido al broker Martínez Sosa, quien también está imputado en la causa. 

Fernández aseguró que el Decreto 823/21, que establece la obligatoriedad de contratar pólizas con Nación Seguros, fue emitido para evitar que las primas fueran adjudicadas a empresas extranjeras, y no para beneficiar a Martínez Sosa.

En un escrito presentado ante el juez Ercolini, el exmandatario afirmó: "La idea de que el Decreto Nro. 823/2021 fue dictado para beneficiarlo es absurda, toda vez que la mayoría de los contratos en los que intervino son previos a mi asunción como Presidente".

Fernández también expresó su preocupación por lo que consideró un uso arbitrario de la Justicia para fines políticos: "Lo más grave no es el intento de quienes ejercen la política -en forma mezquina- de utilizar a la Justicia penal como un medio de persecución, sino que efectivamente la Justicia Federal recepte de manera automática aquellas acusaciones, instruyendo arbitrariamente causas judiciales en base a dichos de periodistas y a noticias falsas".