Según informó La Gaceta, en el marco del juicio por la gestión de regalías mineras en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el testimonio de Adriana Isabel Alvillos, contadora y auditora interna de la universidad, arrojó nuevos detalles sobre serias irregularidades en la administración de fondos destinados a obras. Alvillos, quien trabaja en la Unidad de Auditorías Internas desde 1993, detalló varios informes que pusieron al descubierto la falta de controles internos, pagos duplicados y registros contables deficientes en la UNT.

Alvillos señaló que la Dirección de Construcciones, a cargo de Graciela Cudmani, no solo carecía de libros contables adecuados, sino que los existentes estaban "escritos a lápiz, con tachaduras" y sin las conciliaciones bancarias necesarias. Además, reveló que se realizaron pagos sin justificación y sin los controles mínimos requeridos por la normativa interna.

Irregularidades detectadas: Pagos fuera de protocolo y falta de respaldo

Uno de los puntos más graves que mencionó Alvillos fue el uso de autorizaciones telefónicas para procesar pagos, una práctica que estaba completamente fuera de los procedimientos establecidos. Según la auditora, en varios casos se constató que pagos importantes fueron aprobados por el contador Luis Sacca, quien en lugar de seguir los procedimientos formales, autorizó las transacciones por teléfono. Esta irregularidad quedó registrada en las órdenes de pago, que incluían una leyenda que indicaba "se paga por autorización telefónica".

La falta de controles y la ausencia de documentación suficiente para respaldar estos pagos contribuyen a la creciente preocupación sobre la transparencia de la gestión de los fondos recibidos por la UNT entre 2006 y 2009, destinados a la construcción de obras en la universidad.

Los fondos de YMAD: Una investigación sobre el manejo de más de 350 millones de pesos

La causa que investiga el destino de las regalías mineras involucra a los ex rectores de la UNT, encabezados por Juan Alberto Cerisola, y otros funcionarios como Luis Sacca, Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino. Los imputados están acusados de desviar más de 350 millones de pesos provenientes de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), dinero que debía destinarse a obras universitarias pero que, según la acusación, fue utilizado en proyectos no aprobados, como la llamada "ciudad universitaria del siglo XXI".

Además de las acusaciones por administración fraudulenta y abuso de autoridad, se investiga el supuesto desvío de los fondos a fines ajenos a los previstos originalmente, lo que habría afectado la correcta ejecución de los proyectos dentro de la UNT.

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