Cómo es el modelo chileno de obra pública que quiere implementar Milei
Ayer, el presidente electo, Javier Milei, fue entrevistado por Alejandro Fantino y afirmó que "no hay plata" para finalizar obras públicas.
Ayer, el presidente electo, Javier Milei, fue entrevistado por Alejandro Fantino y anticipó que el Gobierno Nacional no podrá cumplir con los compromisos de pago de obras públicas en ejecución porque no hay plata. En este sentido, explicó que cada municipio deberá hacerse cargo.
La Cámara Argentina de la Construcción espera reunirse con el futuro ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, para tratar este tema. Actualmente, hay 7.266 obras en total. 2.329 se encuentran en ejecución y las 518 restantes, en circuito. A eso se le suman 676 proyectos están en proceso de evaluación y aprobación.
Ferraro dio sus primeras entrevistas radiales y ratificó que los contratos en ejecución se respetarán y que avanzan en un esquema de Participación Público Privada (PPP) y concesiones.
CÓMO ES EL MODELO CHILENO DE OBRA PÚBLICA
El modelo chileno comenzó cuando el presidente Patricio Aylwin Azócar decidió privatizar la mayor parte del sistema de obras públicas del país para reducir el gasto público y el déficit fiscal.
"Cualquier empresa nacional, extranjera, o persona física puede adquirir una habilitación legal para postular proyectos de infraestructura, como rutas, puentes, represas o gasoductos", establece la resolución firmada por el poder ejecutivo chileno en abril de 1993.
En los 30 años que pasaron desde la implementación del modelo en 1993, se firmaron 110 contratos: 53 fueron de autopistas, 26 de aeropuertos, 15 hospitales y cárceles, cuatro de embalses y otros 12 en obras como el Movistar Arena o el Centro Cultural Palacio de La Moneda. La inversión total se estima en 27 mil millones de dólares, según datos de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa).
Con este modelo de concesión se consolidó la figura de asociaciones público-privadas, donde el contrato para la ejecución de infraestructura pública se caracteriza por la modalidad de pago del contratista denominado derecho de explotación.
El objetivo es que capitales privados financien la infraestructura deficitaria, la cual es considerada económicamente rentable, permitiendo recuperar a estas figuras público-privadas recuperar su inversión a través del cobro directo de una tarifa a los usuarios.