Complicidad y negocios familiares: la trama oscura del Tribunal de Cuentas que involucra ventas millonarias al Estado

El Tribunal de Cuentas favoreció al consuegro del presidente del organismo, Miguel Chaiben Terraf, para que proceda con la venta de servicios y bienes a distintas dependencias del Estado desde 2022 hasta 2024. A través de acuerdos, Terraf aprobó estas transacciones, a pesar de tener un vínculo cercano con el vendedor.

Quien se vio favorecido con estos negocios es Luis Eduardo González, padre de Esteban González. Este último, además de enfrentar una denuncia por manejar de forma irregular fondos de la Caja Popular de Ahorros, fue empleado del Tribunal de Cuentas y es yerno del presidente Terraf. Es decir, Luis y Terraf son consuegros. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que el presidente firme un total de 25 acuerdos que involucran a su familiar.

El Tribunal de Cuentas es el organismo encargado de controlar y fiscalizar los recursos y el patrimonio del Estado. Sus autoridades gozan de un cargo vitalicio y de los mismos privilegios que los miembros de la Corte Suprema, según la Constitución de la provincia.

Luis González vendió distintos bienes al Gobierno de Tucumán, principalmente al Ministerio de Desarrollo Social. Las transacciones se realizaron entre 2022 y 2024 y comprenden la venta de chapas galvanizadas, tirantes de maderas, frutas y verduras, pollo, botellas de agua, bidones, dispensers frío/caliente y otros alimentos y mercaderías a granel.

En total, las ventas que figuran en los acuerdos del Tribunal de Cuentas (disponibles para su búsqueda en la propia página web del organismo) ascienden a un monto de $552.281.564 a precios de hoy. Aunque en algunos casos el organismo realizó algunas indicaciones específicas sobre las transacciones, la mayoría de ellas fueron aprobadas "sin observación". Al final de cada acuerdo figura la firma del presidente: CPN MIGUEL CHAIBEN TERRAF.

Por ejemplo, el último acuerdo del que se tiene registro es el número 2.498, con fecha del 12 de junio de 2024. En este caso, se autoriza el pago de $3.078.000 por la provisión mensual de 171 bidones de agua de 20 litros y dispensers eléctricos. Aquí también la firma es de Terraf, a pesar de su vínculo con Luis González. Así como ese, hay otros 24 acuerdos similares.

Los escándalos del Tribunal de Cuentas

Estos negocios irregulares son solo un capítulo más de los escándalos que golpean al Tribunal de Cuentas. Desde hace unas semanas, tanto Enterate Noticias como El Avispero iniciaron una serie de investigaciones que revelan un oscuro entramado de negocios en el organismo.

El Tribunal de Cuentas es el encargado de controlar y fiscalizar los recursos y el patrimonio del Estado. Esta función y los privilegios de sus autoridades (cargo vitalicio y privilegios similares a los de los jueces de la Corte Suprema) otorgan un poder desmedido al presidente y sus dos vocales.

Las irregularidades se destaparon luego de una denuncia del interventor de la Caja Popular de Ahorros, José Díaz. En ella, acusó a Esteban González (hijo del proveedor que hizo millonarios negocios con el Estado con el visto bueno de su familiar, Terraf) de manejar de manera irregular un total de 200 millones de pesos a precio de hoy durante su paso por la Caja.

Según reveló El Avispero el lunes 26 de junio, Esteban González fue empleado del Tribunal de Cuentas y personal de gabinete de la Caja Popular de Ahorros entre 2013 y 2018. Sin embargo, en el mismo informe del programa televisivo se denuncia otra irregularidad: durante seis meses, Esteban aparece tanto como empleado de la Caja como empleado del Gobierno de Tucumán, una situación que, en principio, sería incompatible por la acumulación de dos empleos públicos. Aun así, esto no habría impedido que Esteban consiga un tercer empleo público: desde 2020 hasta enero de 2024 también fue empleado de la Legislatura.

Los documentos respaldan esta información. Esteban González fue designado en la Caja a través de la Resolución de Intervención 392/13. Su primer artículo dice: "Designar bajo la modalidad de Personal de Gabinete, en Planta Personal No Permanente de la Institución, al Abogado Esteban Eduardo González".

Las denuncias también fueron replicadas por el dirigente bancario y diputado nacional, Carlos Cisneros. "El problema que tiene Terraf es que su yerno, empleado del Tribunal de Cuentas que estaba comisionado en la Caja Popular de Ahorros, desde el periodo 2012 a 2018 robó en la Caja. Así, robó: r-o-b-ó", afirmó en Qué culpa tengo yo, un programa de streaming de UNA MULTIMEDIOS, el 11 de junio.

Las irregularidades denunciadas luego de las investigaciones de los medios mencionados habrían acorralado tanto a Terraf como a Sergio Díaz Ricci, primer vocal del Tribunal. Según adelantó el periodista Roque Galeano en Tucma TV, ambos estarían analizando avanzar con la jubilación anticipada. "Estarían evaluando pedir la jubilación anticipada para no correr la misma suerte que el juez destituido Pisa, que terminó enjuiciado y sin tener la jubilación de privilegio", contó el periodista.

En la última denuncia mediática realizada por El Avispero se explicó la relación entre Terraf y los González. Sin embargo, el monto de los negocios realizados con el Estado superaron ampliamente los números indicados inicialmente. Tras realizar un relevamiento de los acuerdos del Tribunal de Cuentas se encontró que el número ascendería a más de 500 millones de pesos actualizados por inflación.

El Tribunal de Cuentas y el "descontrol" a Alperovich

Estos negocios millonarios no son el primer caso en el que el Tribunal de Cuentas actúa como juez y parte de una decisión del Gobierno que incluye fondos públicos. Otra investigación de El Avispero reveló irregularidades en torno a la residencia oficial en la que vivió José Alperovich, recientemente condenado por abuso sexual, cuando fue gobernador de la provincia.

Según la información brindada en el programa televisivo, una vivienda ubicada en las calles Martín Fierro e Ituzaingó fue designada como residencia oficial de Alperovich en 2009 a través de la resolución 1.583. A través de esa norma, el Gobierno dispuso que los gastos vinculados a actos protocolares en esa casa iban a ser costeados con fondos públicos.

Esa resolución fue firmada por Ramiro González Navarro, secretario de Gobierno en ese entonces. Casualmente, González Navarro también es empleado del Tribunal de Cuentas, órgano que debería controlar esos "gastos protocolares" que el Estado costeó durante el paso de Alperovich por el poder. "Si los gastos de los actos protocolares hechos en esa casa eran pagados por el Estado, el Tribunal de Cuentas tendría que haber intercedido en esta resolución y en los futuros gastos. Buscamos en los archivos y no encontramos ni un acuerdo de esos años que hable de la residencia oficial y sus gastos. Ni uno", denunció el periodista Lucas Correa en El Avispero.

De esta forma, el organismo encargado de controlar la utilización de los recursos del Estado, uno de los últimos resguardos contra la corrupción del poder político, se ve manchado por los mismos procedimientos que debería evitar y denunciar.

Los 25 acuerdos del Tribunal, uno por uno