El Gobierno nacional publicó el decreto 1065/2024 y la resolución 5608/2024 de ARCA, que amplían de USD 1.000 a USD 3.000 el monto permitido para la importación de mercadería vía courier. La medida busca simplificar el comercio para usuarios y consumidores, marcando un cambio en el régimen aduanero vigente.

Desde diciembre, las compras destinadas a uso personal contarán con una franquicia libre de impuestos hasta los USD 400. Esto implica que los usuarios no pagarán gravámenes por adquisiciones dentro de ese rango, facilitando el acceso a productos internacionales.

Límites y condiciones del nuevo régimen

El decreto establece que las encomiendas bajo este régimen no podrán superar los 50 kg por paquete, con un máximo de cinco envíos por persona al año. Además, las empresas prestadoras de servicios courier deberán estar registradas en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales.

En tanto, los productos deben estar destinados a personas humanas o jurídicas, respetando el valor FOB límite de USD 3.000 por envío. Las empresas transportistas y particulares que no excedan este tope estarán exentas de inscribirse en el registro mencionado.

Impacto en el consumidor

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida como un paso hacia la igualdad. Según explicó en diálogo con LN+, este cambio beneficia a quienes no pueden viajar al exterior para realizar compras: "Ahora los que no van a Miami también tendrán acceso a la franquicia".

Además, resaltó que los costos impositivos se reducirán significativamente. Por ejemplo, una campera de USD 100, que actualmente paga 67 dólares en impuestos, pasará a pagar solo 21 dólares. Para compras menores a USD 400, no se aplicará la tasa estadística y los gravámenes se calcularán sobre el excedente.

La flexibilización también impactará en los precios locales, destacaron fuentes del Ejecutivo. Según el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, plataformas como Amazon y Mercado Libre ya reflejan descuentos en productos de computación y tecnología de hasta un 40%, una tendencia que podría extenderse a otros rubros.

El Gobierno subrayó que estas medidas responden a una necesidad de "eficiencia y calidad" en la administración pública, fomentando la libre circulación de mercaderías y la simplificación del comercio.