Condena Alperovich: la Justicia sigue con las investigaciones contra testigos y funcionarios

El fiscal Sandro Abraldes sigue avanzando en el caso, presentando nuevas denuncias para investigar presuntos delitos en distintas jurisdicciones. Informó al juez Juan María Ramos Padilla que concretó las denuncias anunciadas en su alegato de cierre.

Abraldes denunció a José Jorge Alperovich y Néstor Regino Amado (actual ministro de Gobierno y Justicia) ante el Ministerio Público Fiscal de Tucumán por posible peculado de servicios (uso indebido de recursos del Estado). Además, solicitó investigar a ambos por estos hechos durante la gobernación de Juan Manzur, cuando Amado era ministro de Gobierno.

También presentó una denuncia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por falso testimonio contra cinco testigos: Juan Luis Laino, David Cayata, Víctor Decataldo, Manuel Frías y Beatriz Mirkin. Estos testigos supuestamente mintieron o fueron reticentes en sus respuestas.

Finalmente, la denuncia contra Beatriz Mirkin se basa en peculado de servicios ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Mirkin y Alperovich admitieron en audiencias haber pagado a la denunciante con dinero del Estado.

Estas denuncias serán evaluadas por las autoridades correspondientes para determinar si se les dará curso.

LOS SOSPECHOSOS POR FALSO TESTIMONIO

El primero en la lista es Juan David Callata, exchófer y custodio de Alpérovich. Actualmente, desarrolla tareas como suboficial de polícia en Anca Juli. En su declaración habría omitido dar detalles claves. 

Luego le sigue Víctor Hugo Decataldo, expareja de Sara Alperovich y empresario vinculado al transporte del ahora condenado. En sus declaraciones aseguró que intentó sacarle información a la víctima sobre la denuncia que realizaría. Además, en el juicio declaró que su función era actuar como un "agente encubierto" en la relación con la denunciante, por el amor que le tenía a la hija del condenado. 

Por último, Manuel Segundo Frías, el mozo había negado mantener contacto con la víctima. De todos modos, se demostró lo contrario y en el juicio cayó en contradicciones al declarar. 

En las siguientes averiguaciones, el juez Ramos Padilla decidió enviar las filmaciones de los testimonios y los informes de las psicólogas Viviana Sedler y Paula Sánchez Ayala, contratadas por la defensa para evaluar a la víctima, a especialistas del Ministerio de Salud de la Nación para determinar posibles faltas éticas. Sedler afirmó no detectar estrés postraumático en la víctima, y Sánchez Ayala avaló su informe, aunque no conocía a la denunciante ni le realizó ningún test.