Una pareja que regenteaba un prostíbulo en pleno microcentro tucumano fue condenada a ocho años de prisión por el delito de trata de personas. Se trata de Jonathan Barrionuevo y Mercedes del Valle Ramos, conocida en el ambiente como "Zoe".

El hecho se hizo público en julio de 2022 cuando Susana Trimarco y personal de la Fundación María de los Ángeles irrumpió en el edificio de 25 de Mayo al 300 acompañada de la prensa. Allí, fue atendida por los hoy condenados, que negaron que en el lugar funcione un prostíbulo. Barrionuevo y Ramos dijeron que las mujeres que entraban y salían eran enfermeras y, los hombres habitués del lugar eran en realidad personas que iban a pedir dinero porque ellos eran prestamistas. Sin embargo, los vecinos y el administrador del edificio ya habían denunciado a la pareja por los incesantes ruidos y gritos que se escuchaban, así como el constante ir y venir de mujeres y de clientes.

Según informaron Los Primeros, durante el juicio, que concluyó ayer, ambos imputados reconocieron que en el lugar sí se ejercía la prostitución, pero aseguraron que las mujeres lo hacían por voluntad propia. Sin embargo, las declaraciones en Cámara Gesell realizada por las víctimas revelaron otra realidad: la pareja se quedaba con la mayoría del dinero, explotaban a menores de edad (una refirió que por el lugar pasaron chicas de hasta 14 años) e impedían que las jóvenes abandonden la actividad mediante amenazas y extorsiones. Además de ellas, declaró personal de Gendarmería que realizó tareas de inteligencia en el lugar y que corroboró lo que ocurría, además de los vecinos del edificio.

Los condenados también reconocieron que, además de armar el prostíbulo, habían intentado robarle el departamento a su verdadera dueña, una mujer que lo alquiló por tres meses y, cuando intentó recuperarlo, se dio con que la pareja había falsificado un boleto de compraventa y aseguraba que lo habían comprado.

Durante las audiencias, Ramos y Barrionuevo se culparon mutuamente y se acusaron de regentear el "negocio". El tribunal concluyó que ambos eran culpables en igual medida y, además de la pena de prisión, ordenó el embargo de los bienes de los imputados