Luego de una semana de tensión y bloqueos en distintas rutas del país, Corredores Viales S.A. oficializó el despido de 117 empleados que participaron en las protestas encabezadas por el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), gremio vinculado a Facundo Moyano. La medida afecta a una parte de los más de 2.500 trabajadores que formaron parte de la medida de fuerza.

Las protestas se llevaron a cabo durante cuatro días consecutivos e incluyeron levantamiento de barreras, obstrucciones en peajes y cortes parciales de rutas. Según datos oficiales, esto generó pérdidas superiores a los 2.500 millones de pesos para el Estado Nacional.

Reclamo por despidos en otra concesionaria

El conflicto tuvo su origen en el reclamo por la situación de 500 empleados de Caminos del Río Uruguay, empresa privada cuya concesión venció según lo estipulado en 2014. Desde SUTPA exigían que estos trabajadores fueran reincorporados o indemnizados, aunque legalmente esa responsabilidad no recae sobre Corredores Viales.

La empresa, al verse afectada en sus operaciones y sin notificación previa de las medidas de fuerza -como exige la Ley 14.786-, presentó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo. En respuesta, el gremio cambió los motivos del paro, aunque desde el Gobierno sostienen que eso no justificaba una interrupción indefinida del servicio.

El Gobierno advierte: "No vamos a permitir extorsiones sindicales"

Desde la administración nacional remarcaron que las medidas tomadas por el sindicato fueron consideradas extorsivas y que, de repetirse, se aplicarán sanciones más severas. Entre ellas, descuentos por días no trabajados, pérdida del presentismo y eventuales despidos, como los ya ejecutados.

Durante los días de protesta, el levantamiento de barreras afectó tanto el cobro manual como el sistema Telepase, con un impacto diario estimado en más de 700 millones de pesos. Además del perjuicio económico, se generaron importantes demoras, especialmente en zonas clave como la Autopista Riccheri en dirección a la provincia de Buenos Aires, donde el tránsito pesado hacia el Mercado Central se vio fuertemente comprometido.

Finalmente, el Gobierno anunció que está trabajando junto con las fuerzas de seguridad en un protocolo que garantice la libre circulación y evite nuevos bloqueos en las rutas nacionales.