La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que los casos de violencia de género aumentaron un 8% en enero de 2025 respecto al mismo mes del año anterior. El dato se da en medio del debate por la intención del Gobierno de eliminar la figura del femicidio del Código Penal y derogar la Ley Micaela.

Cifras alarmantes en la feria judicial

Según el informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), durante la feria judicial se atendieron 1.761 personas en la Ciudad de Buenos Aires. De ellas, 915 realizaron denuncias formales, mientras que 736 hicieron consultas informativas y 110 consultas telefónicas.

El equipo médico constató lesiones en 211 personas, de las cuales el 80% eran mujeres. Además, en 26 casos se requirió una derivación de urgencia a hospitales.

El perfil de las víctimas y los agresores

Del total de personas afectadas por violencia doméstica, el 60% fueron mujeres mayores de 18 años, el 27% niñas, niños y adolescentes, y el 13% varones adultos.

En cuanto a los agresores, más del 80% tenían algún vínculo con las víctimas:

• El 47% eran parejas o exparejas.
• El 33% eran familiares directos (hijos o progenitores).
• El 20% restante correspondía a otros lazos cercanos.

Las formas de violencia más comunes fueron la psicológica (96%), seguida por la física (48%), simbólica (44%), ambiental (34%) y económica (26%). También se registraron casos de violencia sexual (7%), social (6%) y digital (3%).

Medidas preventivas y respuestas judiciales

Ante el aumento de casos, la Justicia Nacional en lo Civil ordenó 3.482 medidas preventivas urgentes, incluyendo prohibición de acercamiento y entrega de botones antipánico.

Además, el 99,6% de las denuncias fueron derivadas a la Justicia Nacional en lo Civil, el 15% al fuero Criminal y Correccional, el 69% a la Justicia de la Ciudad y el 26% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El plan del Gobierno para derogar la Ley Micaela y el femicidio

El Ejecutivo de Javier Milei planea enviar al Congreso un paquete de reformas que incluye la eliminación de la figura del femicidio y la derogación de la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en perspectiva de género para funcionarios públicos.

Desde el Gobierno sostienen que eliminarán las normas que impliquen "discriminación positiva sobre minorías" y afirman que no hay diferencia entre el homicidio de un hombre y el de una mujer.