Crisis en Canal 10: la UNT rechaza la auditoría del Tribunal de Cuentas y esgrime falta de competencia

Desde el Consejo Superior de la UNT subrayan incompetencia del Tribunal de Cuentas para auditar el canal.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) dictaminó que el Tribunal de Cuentas de la Provincia carece de competencia para auditar Canal 10, a pesar de la solicitud del gobernador Osvaldo Jaldo. Este análisis busca evaluar los balances de los años 2014 a 2021 de la SAPEM, entidad de la que el 30% pertenece al Gobierno provincial.

DECISIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNT

En una reunión celebrada el 8 de octubre, presidida por el rector Sergio Pagani, los consejeros afirmaron que Canal 10 opera bajo una licencia como Canal Universitario y es administrado por la Sociedad Televisora de Tucumán. Con un 70% de participación de la UNT y un 30% del Gobierno provincial, el Consejo expresó su respaldo a los dictámenes legales que subrayan la incompetencia del Tribunal de Cuentas para ejercer control sobre la televisora.

La Sociedad Televisora de Tucumán está sujeta a diversos mecanismos de control, incluidos informes de auditoría externa y auditorías internas, señalaron desde el Consejo Superior de la UNT.

RESPUESTA A LAS ACUSACIONES

Los miembros del Consejo desestimaron las acusaciones del Tribunal de Cuentas, que insinuaron una falta de colaboración de Canal 10 en la entrega de información. Destacaron la necesidad de aclarar las acciones del Directorio respecto a la entrega de documentos solicitados, insistiendo en su compromiso con la transparencia.

A pesar de sus críticas, decidieron que los representantes universitarios en Canal 10 deben proporcionar toda la información requerida por el Tribunal de Cuentas, a fin de mantener una relación cordial con el Gobierno provincial.

SOLICITUD DEL GOBERNADOR OSVALDO JALDO

A finales de septiembre, el gobernador Jaldo solicitó formalmente al Tribunal de Cuentas que revise los balances de Canal 10 de 2014 a 2021, argumentando que la aprobación de estos documentos está cuestionada debido a irregularidades en la asamblea donde se votaron. Jaldo subrayó su responsabilidad de proteger los intereses del Estado, dado que la Provincia posee una participación en el canal.

AUDITORÍA DE CANAL 10 EN CURSO

El Tribunal de Cuentas aceptó la solicitud del gobernador y comenzó la auditoría de los balances correspondientes a los años 2014 a 2021. La intervención se justifica en el interés público, ya que se busca asegurar que la gestión de la SAPEM sea adecuada y transparente. Se designaron a varios contadores y abogados fiscales para llevar a cabo esta tarea.

IRREGULARIDADES EN LA ASAMBLEA DE CANAL 10

En octubre de 2023, se convocó a una Asamblea de Accionistas en Canal 10, con el objetivo de aprobar los balances de los años 2014 a 2022. Sin embargo, el Gobierno provincial solicitó que se postergara la asamblea hasta que se resolvieran las denuncias de irregularidades.

En aquel momento, la entonces ministra de Gobierno y Justicia de la Provincia, Carolina Vargas Aignasse, había advertido que cualquier resolución tomada en este contexto podría ser impugnada, dada la nulidad de la asamblea.

CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN DE CANAL 10

En medio de esta crisis, Ingrid Lausberg asumió la presidencia de Canal 10 tras la renuncia de Leandro Díaz, quien dejó el cargo de manera inesperada. Lausberg destacó que la auditoría del Tribunal de Cuentas es crucial para abordar las irregularidades en los balances y garantizar la transparencia en la gestión.

"Estamos ante una situación particular, con auditorías en curso y la necesidad de resolver las irregularidades históricas de Canal 10. La transparencia es fundamental para asegurar un futuro mejor para el canal y sus trabajadores", expresó Lausberg.

La situación en Canal 10 de Tucumán refleja una compleja crisis institucional, marcada por la falta de aprobación de balances y una auditoría que busca esclarecer la gestión de los últimos años. 

La UNT, mientras tanto, defiende su posición sobre la competencia del Tribunal de Cuentas, mientras que el Gobierno provincial insiste en la necesidad de mantener el control sobre los fondos públicos invertidos en la televisora.

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