El empresario tucumano Daniel Alberto Lucci enfrentará un juicio oral y público tras la decisión del juez Sebastián Mardiza, quien rechazó el pedido de sobreseimiento y la solicitud de probation presentada por su defensa. La causa, iniciada en 2023 por su expareja Eliana Rocío Almirón Rodríguez, lo acusa de amenazas simples, amenazas coactivas y desobediencia judicial. 

 Según la investigación de la fiscalía, Lucci habría incurrido en amenazas simples en junio de 2023, amenazas coactivas el 21 de julio del mismo año y, finalmente, desobediencia judicial en septiembre, al incumplir medidas de restricción impuestas en el marco de la causa. Los hechos fueron denunciados el 11 de septiembre de 2023, y la fiscalía encuadró la acusación en los artículos 45, 55, 149 Bis y 239 del Código Penal.

 En un intento de evitar el juicio, la defensa de Lucci propuso un acuerdo de probation, ofreciendo 6 millones de pesos en 12 cuotas de $500.000 y la realización de tareas comunitarias durante dos años en la Sala Cuna y en una escuela de Burruyacú llamada Alvarez Condarco. Sin embargo, la justicia rechazó la oferta y ratificó la necesidad de llevar el caso a debate oral, al considerar que se trata de delitos que afectan la integridad de la víctima y el cumplimiento de las órdenes judiciales.

 La fiscalía requirió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, además del pago de costas procesales y sanciones accesorias. Este pedido se basa en los artículos 40 y 41 del Código Penal y refleja la gravedad de los hechos imputados. 

Pero más allá del caso en particular, la situación de Lucci refleja una constante en la Argentina: empresarios poderosos que creen que pueden esquivar a la Justicia con dinero e influencias. La estrategia de intentar convertir un proceso penal en un acuerdo económico no solo es una muestra de privilegio, sino que atenta contra la búsqueda de justicia real para las víctimas.

Esta vez, la Justicia decidió que no habrá atajos ni acuerdos millonarios que desvíen el curso del proceso. Daniel Lucci deberá sentarse en el banquillo y enfrentar las acusaciones en un juicio público, como cualquier ciudadano. 

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