Ha pasado una semana desde que el presidente, en su discurso en el Foro Económico de Davos, dejó de lado los temas económicos para centrarse en atacar a grupos vulnerables. Su intervención no solo impactó por la virulencia de sus comentarios, sino también por sus destinatarios: la comunidad LGBTIQ+, las mujeres y los migrantes.

Desde aquel 23 de enero, los dichos de Javier Milei desataron una avalancha de reacciones en el país y en el ámbito internacional, generando un efecto dominó que se hizo sentir en todos los sectores de la sociedad.

Si bien los constantes ataques de Milei a diversos colectivos habían sido ignorados por gran parte del pueblo argentino, esta vez las agresiones no pasaron desapercibidas. En su discurso, vinculó la homosexualidad con la pedofilia, acusó a las mujeres de querer ganar privilegios sobre los hombres y tildó a los migrantes de ser una "horda que abusa, viola o mata". Estas palabras, cargadas de odio, fueron rápidamente repudiadas por sectores políticos, sociales y mediáticos, lo que derivó en una movilización masiva en defensa de los derechos humanos.

A raíz de sus declaraciones, la comunidad se autoconvocó para organizarse en diversas partes del país. Así, el sábado 1° de febrero se llevará a cabo la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, bajo la consigna "La vida está en riesgo ¡Basta! Al clóset no volvemos nunca más". En Tucumán, la cita es a las 18 horas en Plaza Urquiza, donde se marchará hacia Plaza Independencia. Esta movilización no solo busca rechazar los discursos de odio, sino también visibilizar la resistencia y solidaridad de la comunidad LGBTIQ+ y sus aliados. Tal como han expresado los organizadores de la marcha: "No hace falta que seas LGBTI para marchar".

No es una opinión, es un plan

Tras el fuerte repudio generado por sus palabras, el Gobierno de Milei optó por redoblar la apuesta. En lugar de moderar sus posiciones, el Ejecutivo presentó una serie de proyectos que buscan retroceder en materia de derechos humanos y diversidad. Entre los más preocupantes se encuentran la derogación de la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743), aspectos de la Ley Micaela (Nº 27499), el DNI no binario, la Ley Diana Sacayán - Lohana Berkins (Nº 27.636) y la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal.

El ministro de Justicia, Cúneo Libarona, justificó estos cambios argumentando: "Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la ley". Sin embargo, sus palabras resuenan con la misma lógica de discriminación que caracteriza a la retórica de Milei, quien en su discurso acusó al feminismo de ser una "distorsión del concepto de igualdad" y lo calificó como un movimiento que busca privilegios.

En paralelo, la gestión de Milei recortó presupuesto en salud en casi todas las áreas, especialmente la de salud sexual, una bandera que históricamente levanta la comunidad LGBTIQ+. La Fundación Huésped y distintas organizaciones y gremios del sector salud denunciaron que el Ministerio de Salud de la Nación despidió al 40% del personal de la Dirección de VIH y al 30% de la Dirección de Vacunas. "Esto afecta gravemente la capacidad y alcance de ambas direcciones. Exigimos que se informe cómo se va a garantizar su funcionamiento. Hablamos de la salud de millones de personas", denunciaron en redes sociales.

Estos despidos se suman a los recortes que sufrió el Hospital Bonaparte, el PAMI, al Hospital Español, Hospital Sommer, Hospital Posadas, Hospital René Favaloro, Hospital Cuenta Alta, Instituto Nacional del Cáncer, Superintendencia de Servicios de Salud, Sedronar, Andis, Anlis-Malbrán, Anmat y al Inareps.

Reacciones Judiciales y Resistencia Social

Las repercusiones de los dichos de Milei no se limitan a la esfera política. La Federación Argentina LGBT (FALGBT) ha presentado una denuncia penal contra el presidente, y activistas, como María Rachid, han expresado: "Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para ponerle un límite a la ignorancia y a la violencia de este Gobierno".

La denuncia se acompaña de un habeas corpus preventivo con el objetivo de proteger a quienes defienden los derechos humanos, ante el temor de que el clima de odio alentado desde el poder se traduzca en agresiones concretas.

Además, cabe recordar que la coalición política de La Libertad Avanza (LLA), liderada por Milei, expuso discursos en contra de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ desde el inicio de su campaña. A lo largo de 2023, figuras prominentes de LLA, como Diana Mondino, Victoria Villarruel  y Ricardo Bussi, expresaron posiciones que, lejos de promover la igualdad, fomentan el desprecio y la exclusión.

El Desafío de la Diversidad ante un Gobierno de Retroceso

Este panorama nos plantea una cuestión fundamental: ¿estamos dispuestos a renunciar a los derechos adquiridos? Las recientes declaraciones del presidente y de su círculo representan un peligro claro para la inclusión, la igualdad y la libertad de todas las personas. En este contexto, la marcha del 1° de febrero se erige como un símbolo de resistencia frente a las políticas de odio y discriminación.

La diversidad y los derechos humanos no pueden ser puestos en duda ni cuestionados por quienes ocupan el poder. La lucha por una sociedad más justa y respetuosa debe continuar, porque como dice la consigna de la marcha, "al clóset no volvemos nunca más".