Esta noche, la jueza María Servini resolvió la situación procesal de los detenidos por los disturbios ocurridos durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, ordenando la liberación de 17 personas mientras que otras 16 continuarán bajo prisión preventiva. 

El operativo judicial se desarrolló en Comodoro Py 2002, donde se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad. Mientras tanto, afuera del edificio, diversas agrupaciones manifestaban en favor de la libertad de los detenidos, mientras los abogados defensores se encontraban impedidos de ingresar nuevamente después de dar una conferencia de prensa.

Entre los detenidos que permanecerán tras las rejas se encuentran personas acusadas de lanzar piedras, atacar a la policía y saltar las vallas de seguridad, con casos que incluyen incluso el hallazgo de una granada en posesión de uno de los imputados.

El fiscal Carlos Stornelli había formulado las imputaciones por delitos que van desde lesiones y daños simples y agravados, hasta incendio, intimidación pública y otros actos que podrían configurar delitos contra los poderes políticos y el orden constitucional. La jueza aún debe definir la situación procesal específica de cada involucrado, y se espera que los detenidos apelen esta decisión ante la Cámara Federal.

Además, la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, solicitó convertirse en querellante en el caso, argumentando que los hechos representaron un atentado contra la democracia y el ejercicio legislativo normal. En contraste, el Ministerio de Seguridad decidió no avanzar como querellante pero expresó su intención de reclamar por los daños ocasionados durante los disturbios.