Un grupo de once diputados nacionales de Unión por la Patria ha presentado una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, y otros funcionarios de su área. Los legisladores acusan a Patricia Bullrich de haber ordenado la represión durante la marcha contra la Ley Bases el pasado miércoles, la cual culminó en graves incidentes y la detención de 33 personas.

En la denuncia, presentada ante el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del juez Ariel Lijo, los diputados solicitaron que se investigue a la ministra por posibles delitos de apremios ilegales, vejaciones, tormentos, lesiones graves, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Entre los denunciantes se encuentran Carlos Castagneto, Carolina Yutrovic, Gabriela Pedrali, Eduardo Valdés, Luis Basterra, Lorena Pokoik, Juan Manuel Pedrini, Leopoldo Moreau, Andrea Freites, Gustavo Ramiro Fernández Patri y Ernesto Nader Alí.

Los diputados denunciaron que durante la marcha fueron víctimas de un "barrido" por parte de la Prefectura Naval y la Policía Federal, quienes los empujaron y golpearon mientras intentaban actuar como "interlocutores con los manifestantes". Además, señalaron que las fuerzas de seguridad hicieron un uso "absolutamente desproporcionado y desmedido de gases lesivos", afectando gravemente a algunos legisladores.

Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, destacó en una conferencia de prensa que los diputados fueron identificados claramente como representantes parlamentarios, pero esto no impidió las agresiones. Los denunciantes también subrayaron que el uso de armas no letales y el protocolo antipiquetes aplicados por las fuerzas de seguridad no respetaron las garantías constitucionales ni los derechos humanos.

La denuncia sostiene que la represión obedeció a una "decisión política" deliberada, respaldada por declaraciones públicas de Bullrich. Los diputados consideran que la ministra justificó la represión con sus comentarios, lo que evidencia una falta de respeto hacia las inmunidades y funciones de los legisladores.

La situación ha generado una fuerte polémica, y los diputados esperan que se investiguen a fondo los hechos y se tomen las medidas necesarias para asegurar el respeto a los derechos y garantías constitucionales en futuras manifestaciones.