Divorciarse ahora será más rápido

El Ministerio de Desregularización presentó la Ley Hojarasca con reformas clave en el divorcio y la digitalización de la justicia.

El Ministerio de Desregularización presentó ante el Congreso la Ley Hojarasca, que incluye un proyecto clave para agilizar los procesos de divorcio. Esta nueva normativa busca simplificar el trámite con la introducción del "divorcio en sede administrativa", que permitirá a las parejas separarse sin necesidad de acudir a la justicia, siempre que exista un acuerdo mutuo.

Este cambio modifica el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación, añadiendo esta nueva modalidad de divorcio a las causas de disolución del matrimonio, junto a la muerte o la sentencia de ausencia. Además, el proyecto estipula que ambos cónyuges podrán solicitar el divorcio ante el Registro Civil correspondiente a su último domicilio.

Modernización de la justicia: menos burocracia y más digitalización

Otro de los pilares de la Ley Hojarasca es la "Ley de Modernización Judicial", un proyecto que busca digitalizar y reducir los trámites en el Poder Judicial. Entre las propuestas, se plantea la eliminación de los edictos en medios impresos, que ahora solo se publicarán en el Boletín Oficial. Este cambio permitirá bajar costos y agilizar los procedimientos.

Además, se propone la eliminación de la "extracción" de fondos judiciales, permitiendo que las transferencias sean la única forma de mover el dinero, lo que dará más seguridad y transparencia al proceso.

Nuevas reglas para los depósitos y bienes incautados

Un cambio fundamental que propone la ley es quitarle el monopolio al Banco Nación en lo que respecta a los depósitos judiciales. Ahora, estos depósitos podrán realizarse en cualquier banco en el que el Estado Nacional o las provincias tengan participación accionaria, abriendo el juego a bancos privados como el Banco Macro, Galicia y otros.

Asimismo, se propone que los bienes incautados ya no se depositen exclusivamente en el Banco Nación, sino en cualquier entidad financiera controlada parcial o totalmente por el Estado, mejorando la gestión de estos recursos.

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