En el marco de la investigación promovida por el gobernador Osvaldo Jaldo, el Gobierno de Tucumán difundió el listado de reparticiones donde trabajan los empleados públicos investigados por también cobrar el plan Potenciar Trabajo.

De los empleados implicados, 230, pertenecientes a la UNREL, ya fueron desvinculados, mientras que los restantes fueron intimados para explicar su situación. La lista abarca a 238 empleados de comunas, 126 de municipios, 24 de Desarrollo Social, 68 de Seguridad, 63 de Salud, 163 de Educación, 3 de Gobierno, 40 de Obras Públicas, 3 de Economía y 4 de la Secretaría General de la Gobernación.

Hasta el momento, 726 empleados han sido intimados, 19 desvinculados por diversas razones y 349 de los 707 activos han presentado descargos. Desde el 22 de enero se ha iniciado sumario administrativo a 49 empleados de la Administración Central y a otros descentralizados, entes autárquicos, comunas y municipios.

En el caso del personal policial o penitenciario, 64 ya han respondido a los descargos enviados al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. Respecto a Educación, son 70 docentes y 93 no docentes, con plazos de descargo vencidos para los primeros y sumarios iniciados para los segundos.

La medida se originó a partir de información proporcionada por el propio Gobierno de Tucumán al fiscal Guillermo Marijuan. El fiscal detectó en su investigación preliminar irregularidades en 956 agentes de la Administración Pública local. En respuesta, el Gobierno Nacional ha suspendido el cobro del plan a los involucrados hasta que se aclare la eventual incompatibilidad, siguiendo la detallada normativa del Potenciar Trabajo.