Eduardo Belliboni cerca del juicio oral: el millonario sistema de recaudación del Polo Obrero

El fiscal Gerardo Pollicita pidió elevar a juicio a Belliboni y otros 17 implicados por extorsión y coacción a beneficiarios del Potenciar Trabajo.

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, está a un paso de enfrentar un juicio oral por extorsión y coacción a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. El fiscal Gerardo Pollicita presentó pruebas contundentes que exponen un sistema de recaudación ilegal y control sobre los participantes, quienes eran obligados a asistir a marchas bajo la amenaza de perder sus planes sociales.

Entre los documentos clave se encuentran registros de "cápitas" (cuotas) recaudadas en todo el país, que sumaron más de $313 millones entre agosto de 2023 y febrero de 2024, equivalentes a unos 637 mil dólares. Según la Fiscalía, esta cifra representa solo el 50% de lo recaudado, ya que el resto se distribuía entre las regionales y las asambleas.

Control y sanciones: el mecanismo de coacción

Uno de los hallazgos más reveladores fue un cuaderno titulado "Cuaderno de movilizaciones Rivadavia 1", donde se detallaba la asistencia de los beneficiarios a las marchas. Por ejemplo, en la movilización del 1 de mayo de 2023, cada participante fue marcado con un sistema de control para identificar ausentes.

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Además, se encontraron listas de asistencia con anotaciones como "media marcha" para quienes llegaban tarde, lo que demuestra que no solo se exigía presencia, sino también puntualidad. Quienes no cumplían con estos requisitos enfrentaban sanciones, como descuentos en el dinero recibido o incluso la exclusión del programa.

Las pruebas que sostienen la acusación

La Fiscalía incorporó al expediente correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y hojas de cálculo que detallaban nombres, fechas y observaciones sobre los beneficiarios. Estos documentos revelan un sistema institucionalizado de control y coacción, donde los referentes del Polo Obrero daban instrucciones claras sobre la participación obligatoria en las movilizaciones.

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Los allanamientos también permitieron encontrar registros de sanciones aplicadas a quienes no asistían a las actividades, reforzando la hipótesis de que existía un mecanismo de extorsión para garantizar la presencia en las protestas.

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