Este lunes, un tribunal de Estados Unidos desestimó el pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) para anular el fallo relacionado con la nacionalización de YPF, dejando firme la sentencia que obliga a Argentina a pagar una millonaria suma de US$16.100 millones a los fondos Burford y Eton Park. Estos fondos habían demandado al país tras la estatización de la petrolera en 2008.

RAFA busca impugnar la decisión con nuevos argumentos

La ONG, que ha estado involucrada en varios litigios internacionales en defensa de los intereses argentinos, presentó una moción en la corte de la jueza Loretta Preska, en Nueva York, con el objetivo de invalidar la sentencia. En su argumentación, RAFA sostiene que la compra del 25% de YPF por parte del Grupo Petersen, ligado a la familia Eskenazi, se realizó de manera fraudulenta y con la presunta connivencia de los Kirchner.

El impacto de la nacionalización y las críticas a la gestión Kirchnerista

La historia detrás de la nacionalización de YPF se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner decidió expropiar el 51% de las acciones de la petrolera de la española Repsol, sin realizar una oferta pública a otros accionistas. A partir de allí, Burford y Eton Park interpusieron demandas alegando que el gobierno argentino debía haber ofrecido adquirir las acciones restantes. Argentina, por su parte, argumentó que la ley de nacionalización aprobada en ese entonces lo impedía.