En un giro inesperado, el presidente Javier Milei dejó de lado su promesa de enviar un proyecto de ley al Congreso y decidió avanzar con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para asegurar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta decisión ha generado controversia, ya que no solo limita la intervención del Congreso, sino que también plantea dudas sobre su constitucionalidad.

El anuncio se produjo pocos días después de que Milei, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, afirmara que solicitaría el apoyo parlamentario para el acuerdo. Lo sorprendente es que horas antes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había descartado la posibilidad de utilizar un DNU para este fin. Sin embargo, el presidente pasó de las promesas a los hechos, modificando su enfoque de manera radical.

*¿Qué diferencia el DNU de un proyecto de ley tradicional?**

El uso de un DNU por parte de Milei se aleja de la ruta seguida en 2022, cuando el gobierno de Alberto Fernández envió un proyecto de ley detallado al Congreso para autorizar un acuerdo similar con el FMI. A diferencia de una ley, los DNU tienen fuerza de ley desde el momento de su promulgación, aunque deben ser ratificados o rechazados por el Congreso en un plazo determinado.

El principal punto de diferencia es que los DNU no permiten modificaciones en su contenido por parte de los legisladores, lo que limita el margen de acción del Congreso. Si una de las dos cámaras aprueba el DNU, este se mantiene vigente. En cambio, un proyecto de ley requiere el consenso de ambas cámaras y permite modificaciones antes de su sanción.

**El paralelismo con el acuerdo de 2022 y las críticas al DNU**

En 2022, el acuerdo con el FMI fue respaldado por el Congreso, pero con importantes limitaciones. Los legisladores votaron para autorizar al Ejecutivo a negociar, pero el texto del acuerdo no fue aprobado en su totalidad. En cambio, lo que se aprobó fue una autorización para la operación de crédito, mientras que los detalles técnicos del acuerdo fueron excluidos del debate parlamentario.

Esta diferencia se vuelve relevante en el contexto actual, donde varios legisladores han expresado su preocupación por la falta de transparencia y el poco margen para debatir el contenido del acuerdo con el FMI. Figuras como Martín Lousteau y Oscar Agost Carreño han señalado que Milei estaría utilizando el DNU para evitar que el Congreso examine los detalles del endeudamiento y las condiciones que el país deberá cumplir con el FMI.

**La controversia sobre la constitucionalidad del DNU**

Una de las principales críticas al uso de un DNU es su posible inconstitucionalidad. La Ley 27.612 establece que cualquier acuerdo de financiamiento con el FMI debe ser aprobado por el Congreso a través de una ley, y no por un decreto. Esta legislación busca garantizar que las decisiones de esta magnitud sean debatidas y aprobadas por ambas cámaras del Congreso, asegurando la transparencia y el control democrático.

Si bien el DNU permite al Ejecutivo avanzar rápidamente en su acuerdo con el FMI, la ausencia de un debate parlamentario exhaustivo sobre los términos del acuerdo genera desconfianza y preocupación sobre las implicancias futuras para la economía del país.