El final del Loteo Gaucho Castro: las tierras usurpadas en El Mollar quedaron en poder estatal
La investigación sobre los responsables avanza.
El reciente desalojo en el denominado "Loteo Gaucho Castro" ha generado una fuerte división de opiniones. Mientras que el Gobierno provincial celebraba la recuperación de tierras en la Reserva Natural La Angostura, en El Mollar, los compradores de los lotes afectados denunciaban un atropello. Un operativo policial encabezado por más de 100 efectivos, bajo la dirección de Marcos Goane, jefe de la Unidad Regional Oeste, y el fiscal Miguel Varela, ejecutó la orden judicial que resultó firme tras el rechazo de varios planteos impugnatorios.
La intervención consistió en la remoción de los alambrados que delimitaban el loteo ilegal, aunque se permitió a los ocupantes mantener sus construcciones por cinco días más para retirar sus pertenencias. A partir de ahí, el futuro de las edificaciones será determinado por las autoridades.
Denuncias de fraude y vínculos con funcionarios
Según fuentes judiciales, un grupo de personas usurpó tierras protegidas y las vendió bajo falsas pretensiones de ser propiedad privada. La situación llevó a que el gobernador Osvaldo Jaldo eliminara la Subsecretaría de Dominio Territorial y Hábitat, debido a los vínculos de algunos de los implicados con esa dependencia. En su lugar, se creó una nueva Unidad Ejecutora destinada a recibir y analizar denuncias relacionadas con ocupaciones ilegales.
Durante el operativo, se registraron momentos de tensión, como cuando una compradora intentó prenderse fuego dentro de su vivienda en señal de protesta, aunque la rápida intervención policial evitó una tragedia. También hubo disputas con otros compradores que alegaban no haber sido notificados del desalojo, pero que finalmente aceptaron la legalidad del procedimiento tras las explicaciones del fiscal Varela.
Investigación sobre los responsables del fraude inmobiliario
El fiscal Miguel Varela continúa con la investigación sobre la venta fraudulenta de los terrenos. Según sus hipótesis, una organización usurpó las tierras en la reserva, falsificó documentos y utilizó información privilegiada para darles una apariencia legal antes de venderlas. Los imputados hasta el momento incluyen a varias personas vinculadas con la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, así como a otros funcionarios de la zona.
Por su parte, la fiscal Gilda Pedicone destacó la importancia de este caso y reafirmó el compromiso de la Provincia para abordar el problema de las ocupaciones ilegales. Además, subrayó que este desalojo es solo el primer paso de un plan más amplio de regularización de tierras en toda la provincia.
La situación está lejos de resolverse, ya que aún se investigan nuevas denuncias y no se descartan futuras acciones judiciales. La recuperación de tierras protegidas continúa siendo una prioridad para las autoridades, que mantienen la custodia de los terrenos a cargo de la Dirección de Flora y Fauna, con apoyo de la Policía.