El Gobierno nacional presentó una estrategia legal para que la Justicia rechace el pedido de Cristina Kirchner de recuperar su jubilación de privilegio, suspendida tras su condena en la causa Vialidad. La Casa Rosada argumenta que este fallo confirma un "mal desempeño" y vulnera el honor de la magistratura, según lo estipulado en la Constitución Nacional.

La estrategia legal del Gobierno: un argumento constitucional

El Ejecutivo considera que la confirmación de la condena por la causa Vialidad es suficiente para justificar la suspensión de la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner. Esto se enmarca en el artículo 36 de la Constitución, que establece que el mal desempeño de funciones públicas puede llevar a la pérdida de beneficios como el haber jubilatorio. Para reforzar su postura, el Gobierno cita jurisprudencia relacionada con casos similares y se apoya en el artículo 29 de la ley 24.018, que excluye de asignaciones vitalicias a aquellos funcionarios que hayan sido removidos por mal desempeño o, en su caso, sometidos a juicio político.

Los argumentos de la exvicepresidenta: derechos constitucionales vulnerados

Por su parte, Cristina Kirchner, a través de su abogado Facundo Fernández Pastor, presentó un recurso que cuestiona la medida. El documento argumenta que la suspensión de su jubilación vulnera derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y que no fue notificada en tiempo y forma. Además, solicita la restitución de los fondos retenidos, con intereses y costas correspondientes.

Repercusiones políticas y judiciales del caso

Desde la Casa Rosada, se afirma que esta es una medida administrativa impulsada por el equipo legal del titular de la ANSES, Mariano de los Heros, y se adelantó que se presentará antes de que finalice la feria judicial. No obstante, existen voces en el Gobierno que reconocen que esta disputa podría llegar hasta la Justicia Federal de la Seguridad Social, y algunos funcionarios señalan que, a largo plazo, la medida podría ser difícil de defender en los tribunales.

En cuanto a la política, el oficialismo argumenta que la asignación de privilegio de Kirchner es jurídicamente incompatible con los delitos por los cuales fue condenada. Además, se menciona que se están evaluando otras posibles bajas de jubilaciones de privilegio, aunque descartan intervenir en el caso de la jubilación de Carlos Menem, que recibe su asignación a través de su viuda, Zulema Yoma.

El conflicto por la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner continúa sumando capítulos judiciales y políticos. Mientras el Gobierno avanza con su rechazo, la exmandataria se prepara para defender sus derechos en los tribunales. Sin dudas, esta disputa marcará un precedente en la interpretación de las normas constitucionales y el acceso a beneficios por parte de funcionarios condenados por delitos contra el Estado.