La iniciativa tiene como objetivo fomentar una mayor competencia entre las empresas del sector, simplificar los trámites postales y promover la digitalización. En este sentido, se espera que los usuarios puedan enviar telegramas, cartas documento y encomiendas de manera más ágil y económica.

Según el gobierno, la "sobrerregulación" que existía hasta ahora generaba barreras para nuevos operadores, lo que limitaba la calidad del servicio y aumentaba los costos. Con la nueva medida, se busca reducir la intervención del Estado y abrir el mercado a más actores privados, favoreciendo así un entorno más competitivo y eficiente.

Más competencia y menos burocracia

El decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger señala que muchas de las regulaciones anteriores eran innecesarias o desactualizadas, especialmente aquellas que no se adaptaban al avance de la tecnología. Con ello, se espera simplificar y digitalizar los trámites postales, eliminando los requisitos excesivos y la burocracia que solían entorpecer el servicio.

Además, la medida busca eliminar las exclusividades que favorecían a empresas estatales, como el Correo Argentino, en ciertos servicios como el envío de cartas documento y telegramas, lo que abre el mercado a nuevos operadores.

Cómo funcionará la nueva normativa para los operadores postales

A partir de ahora, cualquier persona jurídica podrá operar en el sector postal tras realizar una inscripción electrónica gratuita y declarativa ante la autoridad correspondiente. Esta inscripción permitirá a los nuevos operadores comenzar sus actividades en un plazo de cinco días, sin necesidad de cumplir con una serie de trámites burocráticos previos.

El nuevo marco también establece que los operadores tendrán plena libertad para definir su estructura de personal, los tipos de servicios a ofrecer, y la infraestructura necesaria para llevar a cabo sus actividades. De esta forma, se busca flexibilizar el sector y fomentar la innovación, al tiempo que se mantienen intactas las regulaciones sobre seguridad y secreto postal.

El futuro del Correo Argentino y su posible privatización

El cambio de regulación también afecta directamente al Correo Argentino, la empresa estatal que históricamente ha dominado el mercado postal en el país. Con un déficit de $71.322 millones en 2023, el Correo Argentino ha recibido importantes subsidios por parte del gobierno, pero sigue siendo una de las empresas que el oficialismo considera dentro de su plan de privatizaciones.

Aunque en un principio se había hablado de privatizar el Correo Argentino mediante un decreto, la empresa sigue siendo clave en la prestación del Servicio Básico Universal (SBU), que asegura la llegada del correo a todo el territorio argentino a un costo accesible. Por ahora, el futuro del Correo Argentino parece estar en juego, y el gobierno mantiene abiertas las opciones respecto a su privatización.