El Gobierno nacional está trabajando contrarreloj para terminar los decretos reglamentarios de la Ley Bases y del paquete fiscal. Según adelantó Clarín, a partir de la semana que viene podrían empezar a publicarse en el Boletín Oficial los distintos decretos.

En el área fiscal, la AFIP tiene que diseñar los cambios en las escalas y alícuotas del monotributo, las modificaciones al Impuesto a las Ganancias, la moratoria impositiva, el nuevo esquema para liquidar el impuesto a los Bienes Personales y la regularización de activos (blanqueo).

Muchas de estas medidas significarán un aumento en la recaudación del Estado. Por ejemplo, la restitución del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría hará que alrededor de 800.000 trabajadores vuelvan a pagarlo.

En el caso del monotributo, se actualizarán varios parámetros: facturación tope por categoría, monto de alquileres devengados, impuesto integrado y monto de ingreso a Obras Sociales y al Régimen Previsional.

En cuanto a Bienes Personales, los cambios principales se relacionan con la reducción gradual de las alícuotas de imposición y con el régimen especial de ingreso que permite adelantar el gravamen de futuros ejercicios. Así, para el ejercicio fiscal 2023, la alícuota máxima que se propone es del 1,5%, la cual se irá reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el 0,25% en el 2027. Además, se estableció que, voluntariamente, el contribuyente podrá pagar por adelantado el impuesto correspondiente al período 2024-2027.

Sobre el blanqueo, se trata de un régimen amplio para la regularización de activos existentes al 31 de diciembre de 2023 tanto para personas humanas residentes como jurídicas del país a esa fecha. Sin embargo, quedan excluidos los sujetos que hayan tenido funciones públicas en los últimos diez años y sus familiares.

Por último, habrá una amplia moratoria para las obligaciones impositivas y de la Seguridad Social vencidas al 31 de marzo de 2024, que incluso permite regularizar el Aporte Solidario y Extraordinario de la Ley 27.605, obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago -caducos o no- y en discusión administrativa y judicial, previéndose para estos casos la extinción de la acción penal una vez cancelada la totalidad de la deuda.era unificada.