El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal por el delito de traición a la patria contra Oscar Laborde, ex embajador de Argentina en Venezuela. La acusación, formalizada ante la Justicia Federal, sostiene que Laborde actuó en contra de los intereses nacionales al intervenir de forma no autorizada en el caso de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro. El Gobierno argumenta que las acciones de Laborde no solo pusieron en riesgo la gestión diplomática para la liberación de Gallo, sino que además validaron sin fundamentos las acusaciones de espionaje que el régimen venezolano le imputó.

La denuncia también subraya que la intervención de Laborde fue una clara deslealtad al Estado argentino, en un contexto donde las autoridades nacionales estaban desplegando esfuerzos diplomáticos y legales para obtener la liberación del gendarme, quien había sido detenido en Venezuela en diciembre de 2024.

La intervención no autorizada de Laborde

Según la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, Oscar Laborde tomó la iniciativa de contactar a la familia de Gallo en Argentina para gestionar una carta dirigida al gendarme secuestrado. Este gesto fue realizado sin la debida autorización de las autoridades argentinas y en colaboración con miembros del régimen venezolano, que en ese momento acusaba a Gallo de espionaje.

El Gobierno destaca que las acciones de Laborde no solo carecieron de fundamento, sino que también empeoraron la situación al avalar las acusaciones del régimen de Maduro. Según la denuncia, al intentar justificar la detención de Gallo como resultado de un ingreso irregular al país, Laborde contribuyó a desacreditar la posición argentina ante la comunidad internacional. Además, la acusación sugiere que el ex embajador buscó legitimar las condiciones de detención de Gallo, lo que podría haber debilitado la postura del gobierno argentino en la defensa de los derechos humanos y la soberanía nacional.

El caso de Nahuel Gallo y la respuesta del gobierno argentino

Nahuel Gallo, cabo primero de Gendarmería, fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024, cuando cruzó la frontera para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez García, quien es venezolana y reside en Argentina. Tras ingresar al país a través del Puente Internacional Simón Bolívar, Gallo fue detenido, le confiscaron su teléfono y equipaje, y fue trasladado en un vehículo sin identificación. Desde entonces, su paradero ha sido incierto y las autoridades venezolanas lo acusan de espionaje, aunque no han brindado detalles sobre las condiciones de su detención ni su situación legal.

Ante la falta de información sobre el paradero de Gallo, las autoridades argentinas iniciaron una acción de habeas corpus en la provincia de Mendoza, argumentando que la detención constituía una desaparición forzada. Si bien un juez federal rechazó la acción por falta de jurisdicción, la Cámara Federal de Mendoza revocó esta decisión, apelando al principio de jurisdicción universal, que permite investigar crímenes graves como la desaparición forzada, sin importar el lugar donde ocurran.

La Cancillería argentina, debido a la expulsión de su personal diplomático de Venezuela, ha tenido que recurrir a la Embajada de Brasil en Caracas para llevar adelante las gestiones, además de involucrar a organismos internacionales como la ONU y la OEA. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha obtenido información oficial sobre el paradero de Gallo ni las acusaciones en su contra.

El delito de traición a la patria y las implicancias legales

La denuncia contra Laborde se basa en el artículo 214 del Código Penal, que tipifica el delito de traición a la patria. Este tipo penal no requiere un estado de guerra declarado, ya que está orientado a proteger los intereses nacionales frente a acciones que los comprometan, como en el caso de la conducta de Laborde. El Ministerio de Seguridad ha solicitado a la Justicia Federal que se inicie un sumario penal para investigar si el ex embajador incurrió en traición a la patria, dado que sus acciones habrían puesto en peligro los esfuerzos diplomáticos argentinos y favorecido a un régimen que se encuentra en conflicto con el país.

El gobierno sostiene que la intervención de Laborde no puede ser considerada como una acción humanitaria, como él intentó justificar en los medios, sino que representó un apoyo explícito a la narrativa del régimen venezolano, perjudicando los esfuerzos nacionales por la liberación de Gallo y comprometiendo la imagen de Argentina en la arena internacional.

Repercusiones políticas y diplomáticas

Este caso no solo afecta la relación diplomática entre Argentina y Venezuela, sino que también genera tensiones internas dentro del ámbito político y diplomático. El ex embajador, que fue designado en 2021 durante la presidencia de Alberto Fernández, es visto por algunos como un agente cercano al régimen de Nicolás Maduro, lo que agudiza las críticas hacia su intervención en el caso Gallo.