El Gobierno habilitó a las prepagas a restingir la cobertura de medicamentos: cuáles son los cambios

A partir de este martes, los afiliados a planes médicos cerrados deberán presentar recetas exclusivamente de médicos que figuren en la cartilla de su prestador para poder solicitar subsidios o reintegros. Esta normativa está diseñada para limitar la cobertura médico-asistencial a tratamientos y medicamentos prescritos por profesionales autorizados, lo que implica un cambio drástico en cómo los pacientes pueden acceder a servicios de salud. Según el Gobierno, esta restricción busca "garantizar la sostenibilidad del sistema", evitando el riesgo de desfinanciamiento que había afectado a las entidades aseguradoras.

Además, la resolución exige que cada plan de salud presente su cartilla de prestadores, donde se deben detallar los profesionales y centros médicos autorizados, así como las condiciones de acceso y cobertura. Esto se traduce en que, si un afiliado desea recibir atención médica, debe hacerlo a través de los prestadores incluidos en la lista aprobada.

Obligaciones para los Afiliados

Los beneficiarios de planes cerrados ahora tienen la obligación de acudir a médicos que estén en la cartilla para obtener la cobertura correspondiente. Esta condición se aplica a todas las solicitudes de subsidio o reintegro, sin importar si se presentan de manera administrativa o judicial. Para aquellos que prefieran más flexibilidad, existe la opción de pasarse a planes abiertos, aunque estos suelen ser más costosos y permiten el uso de prestadores externos.

La Superintendencia de Servicios de Salud también ha resaltado la importancia de mantener un control estricto sobre las prácticas y medicamentos indicados a los beneficiarios, argumentando que esta medida es crucial para evitar inconsistencias en la atención y mitigar riesgos financieros que puedan afectar el sistema.

Fin de la Triangulación con Obras Sociales

Esta serie de cambios se produce en un contexto de reestructuración más amplia del sistema de salud, donde se ha oficializado que las prepagas deben inscribirse en el Registro de Agentes del Seguro de Salud, dejando de lado la triangulación de fondos con obras sociales. Desde el 1º de diciembre de 2024, todas las entidades de salud que ofrezcan planes financiados con fondos de la seguridad social estarán obligadas a cumplir con esta normativa.

Según el Gobierno, el proceso de intermediación actual genera costos significativos, estimados en $8600 millones mensuales, ya que la triangulación puede representar entre un 3% y 7% de gastos adicionales. Al eliminar este sistema, los fondos destinados a las prepagas ingresarán directamente a las obras sociales, lo que, en teoría, debería facilitar una mejor gestión y distribución de recursos.

Leer también: Nuevo régimen de obras sociales para monotributistas: ¿Adiós a la prepaga?