El Gobierno ordenó a las prepagas abandonar la triangulación de fondos con las obras sociales
A partir de diciembre, las prepagas deberán inscribirse en el Registro de Agentes del Seguro de Salud, eliminando la intermediación de las obras sociales.
El ministro de Salud, Mario Lugones, anunció que a partir del 1 de diciembre de 2024, las empresas de medicina prepaga deberán abandonar la triangulación de fondos con las obras sociales.
La decisión, que fue comunicada durante una serie de reuniones individuales con las principales entidades de salud privada del país, establece que todas las prepagas que reciban fondos provenientes de la seguridad social deberán inscribirse en el Registro de Agentes del Seguro de Salud bajo el marco legal establecido en la Ley 23.660.
Fuentes del Ministerio de Salud informaron que la resolución tiene como objetivo "reordenar y transparentar el sistema", permitiendo que los beneficiarios deriven sus aportes directamente a las prepagas, sin intermediarios.
El anuncio llega en la misma semana en la que Lugones asumió formalmente como ministro de Salud, y coincide con el inicio del proceso de Swiss Medical para desarticular la triangulación de aportes entre sus afiliados y las obras sociales. Esta decisión marca un avance en la estrategia del Gobierno para fomentar la competencia en el sistema de salud.
En este contexto, el Gobierno también ha impulsado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que introduce cambios en la regulación de las obras sociales, estableciendo un aporte uniforme del 15% al Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Este fondo, gestionado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), está destinado a garantizar la cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO) y a financiar costos extraordinarios a través del Sistema Único de Reembolsos (SUR).
El objetivo final de estas reformas es asegurar una mayor equidad y eficiencia en el uso de los recursos, eliminando prácticas como las "cajas negras" y la intermediación innecesaria, lo que permitirá que los aportes de los afiliados lleguen directamente a las empresas de salud. Se espera que más de 14 millones de trabajadores, tanto del sector público como privado, sindicalizados y autónomos, se vean beneficiados por estas modificaciones.
Además, las reformas incluirán una mayor flexibilidad en la regulación de copagos y coseguros, lo que permitirá a las obras sociales ajustar sus tarifas de acuerdo a su capacidad económica y a la realidad de cada organización.