El Gobierno nacional determinó, mediante la resolución 386/2024 publicada en el Boletín Oficial, que el actual esquema de subsidios para las tarifas de luz y gas continuará hasta el 31 de mayo. La medida tiene como objetivo ajustar gradualmente los subsidios, enfocándose en quienes más los necesitan, mientras fomenta el ahorro energético y un consumo responsable en los hogares argentinos. 

La secretaria de Energía, María Tettamanti, explicó que la meta es avanzar hacia una "tarifa focalizada", similar a una tarifa social, que asegure un acceso justo al servicio para las familias de menores ingresos. 

Cambios en el esquema de tarifas

Desde 2022, la segmentación de subsidios se basa en niveles de ingresos: altos (N1), medios (N3) y bajos (N2). Actualmente, los usuarios residenciales cubren hasta el 80% de sus tarifas. Sin embargo, el Gobierno busca eliminar los subsidios por completo, aunque el proceso sufrió retrasos debido a cambios en el área energética y preocupaciones por posibles cortes durante el verano. 

Tettamanti destacó que el nuevo esquema incluirá un bloque mínimo subsidiado para promover la eficiencia energética. Este enfoque tendrá en cuenta las diferencias climáticas y regionales, especialmente en el consumo de gas natural.

"Pagamos más por las tarifas, pero menos por los impuestos. Esto ayuda a reducir el déficit fiscal y la inflación", señaló Tettamanti durante su participación en el evento Energy Day.

La postergación de la quita total de subsidios también está vinculada a la Revisión Tarifaria Integral (RTI), cuyo plazo se extendió hasta julio. Este proceso definirá los niveles de inversión y las tarifas que aplicarán las empresas del sector energético durante los próximos cinco años.

La RTI ya comenzó bajo la dirección de Osvaldo Rolando, nuevo interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Tettamanti adelantó que este ajuste podría implementarse en varias etapas, como ocurrió en 2017, priorizando que las tarifas sean "justas, razonables y cubran los costos operativos".

La Secretaría de Energía trabaja en un esquema que refleje el costo real del servicio a partir de mayo de 2025. Aunque el impacto en los bolsillos de los usuarios será significativo, el Gobierno asegura que el ajuste permitirá mejorar el sistema energético nacional, garantizar inversiones y reducir la carga fiscal asociada a los subsidios.