El Gobierno de Argentina presentó un nuevo escrito ante la Corte Suprema de los Estados Unidos con el objetivo de evitar el embargo de USD 310 millones en activos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), depositados en una cuenta en la Reserva Federal de Nueva York. Estos activos están vinculados a los bonos Brady, emitidos en la década de 1990, cuyo vencimiento ocurrió en marzo de 2023.

Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, explicó que el caso está relacionado con un grupo de "holdouts", acreedores que aún no cobraron la sentencia judicial emitida por el juez Thomas Griesa, y que ahora buscan embargar activos soberanos para cobrar aproximadamente USD 450 millones en total. Esta presentación es la segunda de Argentina en respuesta a una solicitud de embargo realizada por los acreedores el 20 de diciembre de 2023.

El contexto del litigio

Este conflicto surgió a raíz de un fallo previo de la jueza Debra Ann Livingston de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, quien ratificó en agosto de 2023 una decisión de la jueza Loretta Preska. Esta última había autorizado a los acreedores a embargar los activos vinculados a los bonos Brady, deuda refinanciada en los años 90 bajo un plan promovido por el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady.

Según Maril, el pedido de embargo proviene de un grupo de fondos holdouts que aún no cobraron las sentencias firmes relacionadas con la deuda externa de Argentina, acumulando unos USD 450 millones en demandas. Los fondos en cuestión incluyen USD 250 millones depositados en la Reserva Federal de Nueva York y unos 58 millones de euros en Basilea.

La postura argentina frente al embargo

Argentina sostiene que los activos en disputa pertenecen al BCRA, no al Estado, por lo que deberían estar exentos de ser utilizados para el pago de deudas soberanas, según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de los Estados Unidos. Además, el país argumenta que estos activos no deben considerarse parte de una actividad comercial, lo que garantizaría su inmunidad frente a embargos bajo la legislación internacional.

No obstante, la jueza Preska rechazó estos argumentos en su fallo de agosto de 2022, respaldado este año por la Corte de Apelaciones de Nueva York. En su decisión, Preska argumentó que los derechos de reversión de los bonos Brady corresponden al Estado argentino, no al BCRA, y que dichos activos fueron utilizados previamente en actividades comerciales, lo que invalidaría el reclamo de inmunidad por parte del país.

Críticas a la estrategia legal

El abogado Sebastián Maril criticó la estrategia legal del Gobierno argentino en estos casos, señalando que a pesar de los fallos en contra, el país continúa apelando decisiones que no favorecen su causa, acumulando costos legales y aumentando el riesgo país. Según Maril, si bien el presidente Javier Milei ha realizado reformas en materia económica y social, la estrategia legal del Gobierno en relación con estos juicios sigue sin cambios significativos, lo que genera más gastos y complicaciones judiciales.

Desde la llegada de Milei al poder, Argentina apeló sentencias relacionadas con otros casos de deuda, como los cupones del PIB de Inglaterra y Estados Unidos, así como el fallo relacionado con los bonos Brady. Maril advierte que los costos derivados de estos juicios seguirán incrementándose mientras el país no modifique su enfoque legal.