A través de una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo confirmó la extensión de la normativa que limita las negociaciones salariales del sector público. Esta medida, que fue establecida por primera vez en febrero de 2024, continuará hasta el 31 de diciembre de 2025. La normativa impone que los aumentos salariales deben ajustarse al marco presupuestario de cada dependencia, es decir, a los recursos financieros establecidos en el presupuesto nacional, que se mantiene igual al del año anterior.

Optimización de recursos y equidad salarial

El Gobierno justifica la prórroga de la medida como una forma de garantizar la "equidad salarial" y promover la "homogeneidad" en las negociaciones salariales a lo largo del año fiscal. Según los funcionarios, la medida busca optimizar los recursos del Estado y seguir avanzando en el objetivo de alcanzar un equilibrio fiscal.

Firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la decisión también establece que las actualizaciones salariales en el sector público deben alinearse con las previsiones del presupuesto aprobado, lo que implica que solo se podrán aplicar aumentos dentro de los márgenes financieros ya establecidos.

Condiciones para las actualizaciones salariales

La normativa establece que las negociaciones salariales deben seguir una serie de procedimientos, especialmente para aquellos empleados que se encuentran bajo Convenciones Colectivas de Trabajo. Estas negociaciones deberán realizarse dentro del marco de los acuerdos paritarios y respetar las condiciones acordadas previamente, con la participación de los actores colectivos correspondientes. Además, cualquier cambio en las condiciones laborales y salariales deberá estar condicionado a los lineamientos de la negociación colectiva y las previsiones presupuestarias vigentes.