Finalmente, el Gobierno de Tucumán decidió no ceder tierras del Parque 9 de Julio para la construcción de las oficinas de la Junta de Evaluación de Discapacidad del Siprosa. La iniciativa, que había sido presentada por la Casa de Gobierno y contaba con un dictamen favorable, fue descartada en la última sesión de la Legislatura debido a diferencias entre la Municipalidad y la Provincia.

Las tierras en cuestión, ubicadas en el principal pulmón verde de la Capital, están protegidas por diversas normativas que impiden edificaciones en el área. Ante el rechazo de la propuesta, se ha acordado replantear el proyecto y buscar un nuevo predio para albergar la torre de discapacidad.

Durante una reunión de la Comisión de Legislación General, se discutieron las implicaciones de desafectar el terreno de las regulaciones existentes, lo que generó preocupaciones sobre la preservación del Parque 9 de Julio. Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la comisión, destacó la importancia de encontrar un lugar adecuado para la nueva construcción, la cual contará con un financiamiento de 300 millones de dólares por parte de organismos internacionales.

La Municipalidad, representada por los secretarios Luis Lobo Chaklián y Julieta Migliavacca, reafirmó su apoyo al proyecto, pero enfatizó la necesidad de evaluar otras locaciones que no comprometan el área verde de la ciudad."Queremos que el parque 9 de Julio siga siendo un pulmón verde y cuidar cada metro cuadrado que tenemos en la ciudad", afirmó Migliavacca.

La intención del Gobierno es centralizar los servicios relacionados con la discapacidad en un solo lugar, mejorando la atención y la accesibilidad para los ciudadanos. Hortensia Juárez, de la Junta de Evaluación de Discapacidad, señaló que se busca trabajar en conjunto para respetar el medio ambiente mientras se desarrollan iniciativas que beneficien a las personas con discapacidad.