El Gobierno Nacional anunció una medida polémica que permitirá la suspensión de las empresas de colectivo que realicen paros sin previo aviso. De acuerdo con el decreto que se presentó esta mañana, las líneas que interrumpan el servicio de transporte público de pasajeros sin autorización gubernamental podrían perder la concesión de su recorrido en favor de otras compañías que sí cumplan con las obligaciones del contrato.

Los vehículos de una o más compañías asignadas para cubrir los servicios suspendidos por medida de fuerza se determinarán según la capacidad operaria de cada una de ellas. Se priorizará a las que cuenten con mayor cantidad de unidades disponibles y que tengan tarifas similares.

La medida, que ya fue criticada por los gremios de choferes y trabajadores del sector, busca garantizar la continuidad del servicio de transporte para los usuarios y evitar las consecuencias negativas que suelen derivarse de los paros sorpresivos.

Además, los conductores que participen de las protestas podrían ser sancionados con la pérdida de su empleo o incluso con la prohibición de trabajar en el sector durante un período determinado.

Sin embargo, la medida, que fue informada a través de la Resolución Conjunta 2/2023, de las Secretarías de Gestión de Transporte y de Articulación Interjurisdiccional, establece que la sanción solo será aplicable cuando la protesta sea llevada adelante por las empresas y no por los trabajadores, como podría ser un reclamo sindical.