La decisión surge luego de la detección de irregularidades en los trámites de solicitud de estos beneficios, según informó el Ministerio.

El comunicado oficial, difundido a través de la cuenta oficial del Ministerio de Justicia, señala que dispusieron la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. 

Esta medida surge a raíz de la detección de casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago de estos beneficios destinados a personas que sufrieron crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de facto entre los años 1976 y 1983.

El ministro Cúneo Libarona avanzó en esta decisión a través de la resolución ministerial N RS - 2024 - 40979055 - APN - MJ, que impone la auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. La medida se fundamenta en la causa "Martínez Moreira, Adrián y otros sobre defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita", que fue confirmada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal.

El Gobierno planea tomar medidas para no abonar sumas económicas a quienes no correspondan y perseguir la devolución de las sumas pagadas por fraude y que fueron cobradas indebidamente. Según el ministro, se estima que alrededor de 100 casos presentan sospechas de haber falseado datos, lo que podría representar un monto total de 15 millones de dólares reclamados indebidamente.

Las compensaciones económicas y pensiones otorgadas hasta la fecha por el Estado a las víctimas de la última dictadura militar están previstas por leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013. Sin embargo, el Gobierno sostiene que muchos de los fallos pueden haber sido obtenidos a través de documentación falsa.