El Gobierno nacional suspendió los pagos al Espacio para la Memoria y Defensa de los Derechos Humanos (exESMA), lo que generó una fuerte controversia. La decisión fue impulsada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien denunció "gastos millonarios sin control" por parte de los 13 organismos que administran el predio.

"Cortamos con una caja millonaria que gastaba más de $3.359 millones al año. Solo en cortar el pasto se destinaban $16 millones mensuales", afirmó el funcionario en sus redes sociales. Además, aseguró que esta medida está en línea con la política del presidente Javier Milei de "eliminar los privilegios de la casta".

Los organismos niegan las acusaciones y advierten un ajuste

Desde los organismos de derechos humanos que integran el directorio de la exESMA respondieron con dureza. A través de un comunicado, señalaron que la mayor parte del presupuesto está destinado al pago de salarios de 176 trabajadores y rechazaron la idea de un manejo irregular de los fondos.

"Lo que se busca con esta medida no es transparencia, sino un ajuste brutal sobre un espacio clave para la memoria", denunciaron.

Un espacio emblemático en riesgo

La exESMA, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura militar, fue transformado en un sitio de memoria y reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Su funcionamiento depende del aporte estatal, que ahora se encuentra paralizado por decisión del Gobierno.

Una nueva disputa en la agenda política

La medida generó reacciones cruzadas. Mientras sectores oficialistas respaldan la auditoría, desde la oposición acusan al Gobierno de avanzar contra las políticas de memoria y derechos humanos. La controversia promete escalar en el Congreso y en las calles, mientras la auditoría continúa y el financiamiento sigue en pausa.