Una polémica sin precedentes ha estallado en Argentina tras la publicación de un documento oficial del Gobierno de Javier Milei, donde se tilda de "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales" a personas con discapacidad. La resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad, dirigida por Diego Spagnuolo, abogado personal del presidente, ha generado indignación tanto en el país como internacionalmente.

En dicho documento, se clasifica a las personas con discapacidad intelectual según su coeficiente intelectual (CI) en categorías despectivas y científicamente obsoletas. Este lenguaje retrógrado, que recuerda a manuales psiquiátricos de principios del siglo XX, ha sido calificado como una grave violación de los derechos humanos, especialmente al ir en contra de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por Argentina.

La clasificación polémica de las personas con discapacidad

El anexo de la Resolución 187/2025 establece una clasificación de personas con discapacidad intelectual en tres categorías:

1. 0-30 (idiota): Según el documento, estas personas son incapaces de leer, escribir o controlar esfínteres.
2. 30-50 (imbécil): Se describe a estas personas como capaces de realizar tareas básicas, pero no leer ni escribir.
3. 50-60 (débil mental): Se les atribuye un vocabulario simple y la capacidad para tareas elementales, pero sin la habilidad de manejar dinero.

Este lenguaje no solo es científicamente incorrecto, sino que también perpetúa estereotipos dañinos y reduce a las personas con discapacidad a categorías deshumanizantes que no reflejan la realidad de los avances en inclusión y derechos humanos.

Un rechazo internacional a la resolución

La controversia ha trascendido las fronteras argentinas, recibiendo condena de expertos y activistas a nivel global. Julen Bollain Urbieta, catedrático en la Universidad de Mondragón (España), se ha pronunciado en contra de esta clasificación en redes sociales, calificándola como un "retroceso histórico". Bollain señaló que la decisión del Gobierno no solo es una violación de los derechos internacionales contra la discriminación, sino un retroceso a épocas oscuras de la historia.

Además, remarcó que este tipo de clasificaciones no hace más que perpetuar la exclusión social y económica de las personas con discapacidad, además de deshumanizarlas.

Un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad

Argentina había logrado avances importantes en la inclusión de personas con discapacidad, reconociendo en 1997 que la discapacidad no es un impedimento para trabajar, sino que las barreras estructurales requerían políticas públicas para su inclusión. Sin embargo, la publicación de este documento oficial es un claro retroceso en esos logros, mostrando un lamentable desprecio hacia la dignidad de estas personas.

La responsabilidad del Gobierno

Este escándalo recae directamente sobre la Agencia Nacional de Discapacidad y el Gobierno de Javier Milei, quienes deben asumir la responsabilidad por el uso de un lenguaje tan despectivo y la falta de respeto hacia las personas con discapacidad. La resolución no solo muestra una falta de sensibilidad, sino que también pone en evidencia una peligrosa ignorancia sobre los avances en materia de derechos humanos.