En el marco de la causa penal que investiga irregularidades en la gestión de comedores y merenderos que recibían alimentos y dinero del gobierno de Alberto Fernández vía transferencia bancaria, las autoridades del ministerio de Capital Humano sumaron un exhaustivo detalle de la cantidad de organizaciones que declararon tener comedores, la cantidad de alimentos enviados a cada una, la pobre rendición de ese dinero tan sólo del 8% de todo lo que se entregó y otra serie de observaciones. Según Clarín, el Polo Obrero fue el que más alimentos recibió durante todo el 2023: 4.618.235 kilos, con un pico en el envío durante la campaña electoral.

"Logramos detectar que se entregaban aproximadamente cuatro millones de kilos en alimentos secos, sin ningún tipo de trazabilidad ni destino. Estos alimentos eran entregados desde el Ministerio de Desarrollo Social a los puntos indicados por las organizaciones sociales que supuestamente los distribuían a los comedores que tenían a su cargo. De esos alimentos entregados sólo se rindió su destino el 8%", dijo ante el fiscal federal Ramiro González, el auditor de Capital Humano, Héctor Calvente.

Durante la declaración testimoniales, se contó que cuando comenzaron a observar el funcionamiento del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), observaron "sistemáticas irregularidades". Se detectaron aproximadamente 51.000 comedores preinscriptos, de los cuales "sólo 4.000 estaban matriculados, quedando un total de 47.000 a relevar. De ese total, a unos 20.000 se les habría vencido la preinscripción, quedando entonces un universo ya de 28.000 comedores sobre los cuales auditar y trabajar".

Cuando todo ese universo de comedores y merenderos se comenzó a auditar, "empezamos a detectar muchos comedores que figuraban en el RENACOM no existían ".

La primera percepción es que esas faltas respondían a un desorden administrativo, sin embargo el auditor de Capital Humano sostuvo ante el fiscal que a estas alturas consideran que se trataba de un sistema "que no debía controlar para que este tipo de asistencia continúe vigente".

En el entrecruzamiento de información se detectaron "comedores que, de nuestras auditorías, aparecen como inexistentes o no válidos, que se decía que habían recibido alimentos secos". Pero también dieron con comedores que figuran como inexistentes "de organizaciones que recibían asistencia vía transferencia bancaria".

Para avanzar en la trazabilidad de los fondos correspondientes a planes alimentarios, el ministerio de Capital Humano entregó un detalle de todo lo auditado hasta el momento. Una de las planillas expone la cantidad de alimentos secos que se entregaron durante el 2023, con el detalle de las organizaciones sociales más beneficiadas y asimismo, en qué época del año se les envió mayor asistencia.

Polo Obrero, el más beneficiado en 2023

Al momento de detallar cuáles fueron las asociaciones que más recibieron, el listado es encabezado por el Polo Obrero. Su principal referente, Eduardo Belliboni, está imputado en la causa que investiga extorsiones de organizaciones piqueteras a beneficiarios de planes sociales.

En esa causa, el juez Sebastián Casanello lo llamó a indagatoria  por los delitos de extorsión, coacción y administración fraudulenta. Justamente, lo que coloca bajo sospecha es el manejo por parte del Polo Obrero de los fondos que eran remitidos desde el ministerio de Desarrollo Social, no sólo en concepto de los fondos correspondientes al programa Potenciar Trabajo, sino también a partidas destinadas a alimentos para los comedores.

El detalle aportado a la causa que pone la lupa sobre los presuntos comedores "fantasmas" -pero a los que se les envió alimentos y también transferencias bancarias-, expone que el Polo Obrero recibió durante todo el año pasado 4.618.235 kilos de alimentos secos.

Cuando ese número se desglosa mes por mes, la información arroja otro dato: si bien en los meses de enero, marzo y abril hubo tres envíos relevantes, en los meses de campaña electoral (octubre y noviembre) la cantidad de alimentos remitidos se duplicó en relación a lo que se les estaba enviando.

La justicia federal investiga no sólo la administración de los fondos públicos que remitía a las organizaciones sociales que operaban como intermediarias, sino también la utilización de los convenios firmados con finalidades político partidarias, algo prohibido en la normativa que regula estos programas de asistencia social.