El presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán designó a 11 jugadores de su club de rugby

Una serie de escándalos y de irregularidades que vienen sucediéndose desde hace años en el Tribunal de Cuentas de Tucumán, el ente estatal encargado del control del gasto público en la provincia, motivaron a que el pasado lunes 5 de agosto ingresara en el Poder Legislativo provincial un pedido de juicio político para que el presidente del organismo, Miguel Chaibén Terraf, sea destituido de su cargo.

El planteo de remoción es promovido por el abogado Marcos Aníbal Rougès, quien ha documentado en un expediente de 60 páginas cinco situaciones que prueban que el funcionario público ha incurrido reiteradamente en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, una causal específica para que sea sometido a juicio político.

"Los cinco tipos de accionares expuestos, vistos en conjunto, muestran que el incumplimiento de los deberes de funcionario público en que se encuentra Terraf no responde a una situación única y aislada. Por el contrario: es un incumplimiento sistemático. Esto se debe a que él personalmente desplegó un plan sistémico como presidente del Tribunal de Cuentas: desnaturalizar la función institucional de ese organismo para que en lugar de ser el ente técnico de contralor se convirtiera en una repartición consagrada a apañar toda administración de recursos públicos viciada", sostiene Rougés en su escrito ante la Legislatura.

¿Cuál es el club de rugby?

La perversión institucional ha adquirido tal magnitud que el ente de control terminó siendo usado por Terraf para remunerar, con dineros públicos, a los jugadores del plantel superior de Rugby del Club Natación y Gimnasia, institución deportiva dentro de la cual tanto él como sus familiares se desempeñan, históricamente, como autoridades. 

De los jugadores de ese equipo, once son empleados del Tribunal de Cuentas y han ingresado a esa repartición estatal durante el desempeño de Terraf como presidente. Un caso puede considerarse fortuito. Dos casos podrían tomarse como una coincidencia. Pero once casos configuran un escándalo.

El pedido de destitución que promueve el abogado Rougés comprueba, en segundo lugar, que Terraf firmó los acuerdos (así se denominan los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas) que aprobaron 24 operaciones de compras del Estado al proveedor Luis Eduardo González, que es su propio consuegro.

El presidente del Tribunal de Cuentas debió excusarse dado que el hijo de este proveedor es Esteban González, marido de una de las hijas de Terraf, quien además se desempeñó como abogado del Tribunal de Cuentas. Dado que Luis Eduardo González tiene 84 años de edad, la posibilidad de que su negocio sea llevado adelante por su hijo Esteban, yerno de Terraf, no puede descartarse. Otra razón por la cual Terraf debió apartarse en esos expedientes, al igual que los jueces de los tribunales judiciales de Tucumán se apartan de intervenir en causas en las que son mencionados sus consuegros y sus yernos, como lo prueba largamente la jurisprudencia citada en el planteo de juicio político.

El expediente ingresado en la Legislatura expone que estos excesos y abusos de poder por parte de Terraf no son recientes. Se remontan en el tiempo hasta 2005, cuando se registra uno de los hechos más escandalosos en la historia de las contrataciones de obras públicas de Tucumán. Ese año, el Tribunal de Cuentas, ya entonces presidido por Terraf, aprobó "sin formular observaciones" la adjudicación directa de 3.000 viviendas, otorgadas sin licitación a diez empresas constructoras.

A lo largo de los diez acuerdos consecutivos emitidos el 28 de julio de 2005, los abogados fiscales, los contadores fiscales y los ingenieros fiscales del Tribunal de Cuentas hacen constar que existen manifiestos sobreprecios en las ofertas aceptadas por el Poder Ejecutivo Provincial, que estaba a cargo de José Alperovich, actualmente condenado a 16 años de prisión por abuso sexual. 

A pesar de esas advertencias, Terraf firmó la aprobación de la obra, en desmedro no solo de las arcas del Estado, sino también de los ciudadanos que resultaron adjudicatarios de las viviendas. Los estudios de los técnicos del ente de control advertían que las casas eran valuadas por encima de los precios de mercado, a pesar de que se entregaban "sin terminar". Así que los tucumanos debieron pagar por viviendas incompletas precios más onerosos que los de una vivienda completamente terminada.

Al año siguiente, en 2006, Alperovich retribuyó la indulgencia de Terraf con un hecho sin precedentes en el país: cuando reformó la Carta Magna de Tucumán, el entonces gobernador hizo que se otorgara rango constitucional al Tribunal de Cuentas de la Provincia. La continuidad de Terraf fue garantizada a perpetuidad.

La contraprestación del presidente del Tribunal de Cuentas no tardó en llegar. En 2008, Terraf elevó a la Legislatura el informe anual en el que se evalúa si la contabilidad estatal refleja razonablemente la ejecución de los recursos a su cargo. Ese monitorio (se llama "Cuenta de Inversión") le indica a la Legislatura el grado de apego que hubo respecto de la Ley de Presupuesto General de la Provincia. 

Sin embargo, en el Acuerdo 2.505, Terraf omitió brindar un dictamen respecto de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Centralizada correspondiente a 2007. Lo que equivale a que evitó pronunciarse respecto del uso del 90% de los gastos del Estado provincial durante el año en que el gobierno de Alperovich enfrentó tres elecciones.

Esta omisión que no registra antecedentes en la historia provincial, termina de configurar el incumplimiento de los deberes de funcionario público de Terraf, a la vez que expone en toda su dimensión la desnaturalización a la que fue sometido el Tribunal de Cuentas. La Ley 6970 de Administración Financiera establece que una función específica del ente de control estatal es "asesorar a los poderes públicos en las materias de su competencia" (artículo 131, inciso 13°). Al no haber dictamen sobre el empleo del 90% de los fondos públicos, esa función fue completamente truncada.

"Las funciones del Tribunal de Cuentas fueron absoluta y desmesuradamente tergiversadas durante la sempiterna presidencia de Terraf", sostiene Rougés. 

"El apego por el derecho positivo fue reemplazado por un decisionismo impune y dictatorial", finaliza el abogado que solicita la destitución del presidente del Tribunal de Cuentas.