Estacionamiento medido en la capital: la Justicia falló en contra de la empresa contratista
Rechazó el pedido de la empresa de desestimar in limine una acción de amparo colectivo que cuestiona la legalidad de su contratación.
La Justicia provincial de San Miguel de Tucumán dio un importante revés a Tecno Agro Vial UTE, la empresa encargada del servicio de estacionamiento medido en la capital.
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, mediante una sentencia interlocutoria firmada por las juezas María Felicitas Masaguer y Ana María José Nazur, rechazó el pedido de la empresa de desestimar in limine una acción de amparo colectivo que cuestiona la legalidad de su contratación.
El servicio de estacionamiento medido, implementado en julio de 2022 durante la gestión del entonces intendente Germán Alfaro, fue suspendido solo 45 días después de su inicio debido a una medida cautelar emitida por la Justicia. Esta medida cautelar sigue vigente mientras se resuelve el fallo de fondo.
La empresa Tecno Agro Vial UTE había solicitado en diciembre pasado el rechazo de la demanda, que fue promovida por la Defensoría del Pueblo y la organización de usuarios Fodecus, entre otros actores. Los demandantes argumentaron que la firma no cumplía con ciertos requisitos del pliego y cuestionaron los términos del contrato. Además, el exconcejal de Yerba Buena, Alejandro Sangenis, y representantes de los "cuidacoches" se unieron a la acción legal alegando que el contrato afectaba sus derechos e intereses.
Las magistradas afirmaron que el proceso de amparo colectivo tiene un interés colectivo que trasciende el vínculo contractual entre el municipio y Tecno Agro Vial. Indicaron que la demanda busca proteger los derechos de los habitantes de la provincia, quienes podrían estar obligados a pagar una tarifa basada en un contrato posiblemente nulo.
El objetivo original del estacionamiento medido, que abarcaba unas 300 cuadras del centro y alrededores de San Miguel de Tucumán, era ordenar el tránsito y reducir la circulación de vehículos particulares. Sin embargo, la suspensión del servicio ha generado un perjuicio económico para las arcas de la capital, según la Fiscalía Municipal.