El Gobierno, en su afán por implementar reformas estructurales, se prepara para aplicar medidas que podrían afectar a hasta 125,000 empleados del Estado, según cifras proporcionadas.

La modificación propuesta en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público permitiría al Gobierno pasar a disponibilidad a estos trabajadores, lo que podría eventualmente conducir a su despido. 

Esta disposición se aplicaría a aquellos empleados que se encuentren realizando tareas en áreas que la Ley Bases propone reformar o disolver.

Qué significa pasar a disponibilidad

El proceso sería gradual pero determinante: durante un período de hasta doce meses, los empleados afectados estarían en situación de disponibilidad, recibiendo capacitación o realizando tareas en servicios tercerizados del Estado. Si al finalizar este plazo no consiguen formalizar una nueva relación laboral, serían desvinculados de la Administración Pública nacional.

El impacto potencial de estas medidas en el empleo público generó preocupación y críticas por parte de distintos sectores. Organizaciones sindicales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresaron su rechazo, calificando la ley Bases como una regresión en materia de derechos laborales.

La lista de organismos que podrían verse afectados por estas medidas es extensa e incluye entidades clave de la administración central y descentralizada del Estado. Sin embargo, algunos organismos, como las universidades nacionales, el Poder Judicial y el Legislativo, fueron excluidos de esta disposición.

La aprobación de la ley Bases también faculta al Gobierno para modificar, reorganizar o disolver parcial o totalmente otros organismos y entidades del Estado. 

Aunque se establecieron excepciones para algunos organismos específicos, la implementación de estas medidas podría tener un impacto significativo en la estructura y funcionamiento de diversas áreas del Estado.